Con 332 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, con cambios en lo particular, el dictamen que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, mediante la implementación homogénea y efectiva, en todo el país, de un modelo de simplificación y digitalización que permita la reducción de costos a la ciudadanía.
El documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Al presentar las modificaciones aceptadas por el Pleno, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, afirmó que la iniciativa de la presidenta tiene por objeto construir un Estado de derecho más ágil, cercano, transparente y eficaz; es una propuesta de alto nivel para el país y va a generar un gran beneficio a la población y a todos los usuarios en trámites burocráticos.
Expuso que con las modificaciones a los artículos 9, 10, 23, 32, 43, 47 y 50 se propone preservar el equilibrio del federalismo, proteger la certeza jurídica de los ciudadanos y garantizar que las atribuciones de la nueva autoridad nacional de simplificación y digitalización se ejerzan en el marco de la Constitución Política, respetando las competencias de los estados y los municipios.
Dijo no estar en contra de las recomendaciones para mejorar trámites; al contrario, las respalda, pero “proponemos que las recomendaciones que emita esta autoridad nacional sean obligatorias únicamente para la Administración Pública Federal, para las entidades federativas y los municipios deben ser orientadoras, no imposiciones de ningún tipo de disfraz”.
Aclaró que la reserva que modifica siete artículos no es obra totalmente de él, pues el diputado Alfonso Ramírez Cuellar (Morena) desde ayer estuvo muy pendiente del contenido de la norma, por lo que conversaron la posibilidad de modificar algunos artículos para salvar el federalismo mexicano y la autonomía de estados y municipios.
Al hablar a favor de las reservas, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) indicó que buscan abrir espacios para que las entidades federativas tengan más plazo para estar a la altura de lo que viene, “pero no queremos que pase como con otras reformas que se les da la facultad de armonizar y guardan los secretos”.
Las reservas plantean, en los artículos 9 y 10, señalar que entre las atribuciones de la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización en el ámbito nacional y de Administración Pública Federal, que: “En el caso de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, las recomendaciones para la simplificación de Regulaciones, Trámites y Servicios específicos serán de carácter vinculante”.
En el artículo 23 precisa que las recomendaciones de las Autoridades de Simplificación y Digitalización para los Sujetos Obligados se deberán incorporar a su agenda en un plazo no mayor a diez días hábiles. En el caso de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal o local, según corresponda, estas recomendaciones serán de carácter vinculante.
Asimismo, en los artículos 32, 43, 47 y 50 se elimina la palabra “vinculantes”, para que las recomendaciones no lo sean.
También, se aceptó la reserva de la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (Morena), para agregar un párrafo al artículo Décimo Tercero Transitorio, a fin de establecer que el plazo se amplía a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto para que los congresos de los estados y de la Ciudad de México armonicen su normatividad, de conformidad con el proyecto de decreto.
Dicha adición tiene el propósito de garantizar que la transformación que se está impulsando llegue a todas las regiones del país. “No puede haber un avance en efectivo en la simplificación de trámites si en algunos estados persisten normas desfasadas que obstaculizan el acceso de la ciudadanía a servicios más rápidos, seguros y transparentes. La reserva refuerza el objetivo de poner a las personas en el centro de la gestión pública”.
Afirmó que el dictamen responde a una necesidad urgente de simplificar la relación de las personas con su gobierno, abatir los costos de la tramitología excesiva y cerrar espacios a la corrupción que en años alimentaron la desigualdad y la discrecionalidad; no es una centralización autoritaria sino construir un nuevo pacto de confianza entre la ciudadanía y el gobierno.
Quedó: “Décimo Tercero. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, se abrogan todas las leyes locales que derivan de la Ley General de Mejora Regulatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018; en el mismo término se derogan aquellas disposiciones legales, y quedan sin efectos las disposiciones reglamentarias administrativas locales que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. Dentro del mismo plazo, los congresos de los estados y el de la Ciudad de México armonizarán su normatividad de conformidad con el presente decreto”.
La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) dijo no estar en contra de la digitalización ni la simplificación administrativa sino del engaño de la ley con respeto a los derechos ciudadanos, ya que centraliza decisiones y excede facultades, y la reserva solamente obliga a los congresos de los estados y de la Ciudad de México a seguir la ley.
Margarita García García, diputada del PT, comentó que la reserva tiene la congruencia de que es una Ley Nacional y, por eso, se pide a los congresos locales armonicen su estructura de gestión a los parámetros que marca la ley y que también llegue a los municipios, “para que no sean cómplices de la corrupción y se agilicen los trámites”.
Para la discusión en lo particular se habían reservado los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 43, 47, 49, 50, 51, 57, 60, 62, 63, 66, 69, 78, 85, 90, 91, 93, 95, 100, 110 y 113 del proyecto de decreto. Además, los transitorios Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo Tercero, Décimo Quinto y Décimo Séptimo.
En la discusión, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron propuestas de modificación, las cuales fueron retiradas, se solicitó inscribir en el Diario de Debates, o no se admitieron a discusión y, por lo tanto, se desecharon.
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