La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que la Secretaría de Marina (Semar) se negó a aceptar las recomendaciones 72/2010 y 83/2010, emitidas en diciembre de 2010 por la muerte de civiles en operaciones contra la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva, en Morelos.
El organismo explicó que se trata de dos asuntos en los que personal de esa dependencia “incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública” al disparar sus armas de fuego en contra de vehículos civiles, cuyos conductores perdieron la vida a causa de las lesiones provocadas.
En la recomendación 72/2010, la CNDH observó que la noche del 16 de diciembre de 2009, en medio del cerco policiaco que terminó con la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, elementos de la Secretaría de Marina dispararon sus armas de fuego en la colonia Del Empleado, en Cuernavaca, Morelos, y varios proyectiles alcanzaron la camioneta en que viajaba una persona.
Por lo que respecta a la recomendación 83/2010, la Comisión detalló que la madrugada del 11 de diciembre de 2009, elementos de la Secretaría de Marina efectuaron disparos de arma de fuego contra el vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en Cuernavaca, Morelos, y que murió en ese lugar, cerca de donde se celebraba una narcoposada.
En ambos casos, la CNDH concluyó que los marinos “incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica”, indicó en un comunicado.
Explicó que las evidencias recabadas permiten afirmar que al desplegar los operativos, no se hizo “una adecuada planeación y desprotegieron la integridad física de las víctimas”, aunque la Marina dijo que sus acciones fueron con el ánimo de defenderse de presuntos integrantes de una banda delictiva.
La institución que encabeza Raúl Plascencia dijo que en el primer caso, el vehículo presentó 53 disparos y en el segundo, más de 60, “lo que de ninguna manera puede considerarse disuasivo y revela un uso arbitrario de la fuerza pública”.
En las recomendaciones, se pidió a la Marina se tomaran las medidas necesarias para reparar los daños, indemnizar a los familiares de las víctimas y proporcionarles apoyo médico, psicológico y de rehabilitación.
El organismo detalló que no obstante que durante las investigaciones quedó acreditada su participación en los hechos, la secretaría se negó a “asumir la responsabilidad que tuvieron por el fallecimiento de dos civiles que no pertenecían a ninguna organización criminal”.
Agencia El Universal
