La Comisión Permanente, a través de un dictamen solicitó al Sistema Nacional de Protección Civil, que continúe con la elaboración y actualización de los Atlas de Riesgos de las Entidades Federativas y los Municipios del país.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el documento hace un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere extender la aplicación del R-FONDEN, el cual es que es un sistema de cálculo probabilístico de riesgo de desastres naturales del sector público para estimar pérdidas en inmuebles e infraestructura, así como propiciar una mejor cobertura de los seguros, como el Bono de Catástrofe.
También solicita un informe sobre la estrategia de aseguramiento catastrófico que llevo a cabo el Gobierno Federal en 2012, incluyendo las condiciones para el pago de pérdidas para el Bono de Catástrofe renovado en ese mismo año y su costo real en las finanzas públicas.
Lo anterior, debido a que según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para el 2012, de los 617 municipios de alto y muy alto riesgo, sólo el 3.73 por ciento tenían atlas de riesgo actualizado a tres años.
También solicita que es imperativo solicitar al Gobierno mejorar los esquemas de cobertura de dicho Bono de Catástrofe, dado que el impacto en las finanzas públicas de los fenómenos meteorológicos es elevado, no sólo por el pago para la reconstrucción, sino por los efectos en la actividad económica nacional y local.
Sobre el Bono de Catástrofe, se refiere que en el caso de los siniestros “Manuel” e “Ingrid” no entró en los parámetros contratados, por lo que se considera que se ha invertido en un seguro que no ha cubierto las necesidades para el tipo de emergencias naturales que nuestro país requiere, por lo que “no son claras las razones por las cuales en julio de 2012 se renovó la contratación este bono”.
Es por ello, que ante la inminencia del aumento de frecuencia de la ocurrencia e intensidad de fenómenos naturales en nuestro país, es urgente contar con un Atlas Nacional de Riesgos actualizado; conocer el costo y beneficios obtenidos con esquemas de protección como el Bono de Catástrofe, así como mejorar y ampliar los programas de estimación de riesgos y pérdidas como el R-FONDEN, subraya el documento.
El Gobierno tiene la obligación de otorgar la protección y dar la seguridad a las poblaciones expuestas a estos fenómenos, en especial a los asentamientos humanos con mayores riesgos y con un elevado grado de vulnerabilidad, puntualiza.
INF./TELEFONO ROJO
