
Ciudad de México.- La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lamentó que durante 2010 la violación de los Derechos Humanos en el país «y la nula impartición de la justicia» hayan sido prácticas reiteradas y sistemáticas desde los más altos niveles del gobierno federal.
Hortensia Aragón Castillo, secretaria general del partido del sol azteca, señaló: «La impartición de justicia fue en 2010 una materia en la que el gobierno federal le quedó a deber a la sociedad».
Citó los casos de la Guardería ABC, el asesinato de Marisela Escobedo, la detención de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio, los encarcelamientos de mujeres guanajuatenses por abortar y los 200 civiles asesinados durante enfrentamientos del Ejército contra grupos del narco.
Fustigó el director del IMSS, Daniel Karam, el titular de la SCT, Juan Molinar, el ex gobernador sonorense, Eduardo Bours y al gobernador guanajuatense Manuel Oliva, entre otros, hayan sido señalados de violar derechos humanos y que no hayan sido castigados.
Advirtió que en los casos de Karam y Bours fueron exonerado por la Suprema Corte de Justicia dela Nación de los cargos de violación grave de las garantías individuales que se les imputaban por la muerte de 49 menores en una guardería de Hermosillo.
«A pesar de que las evidencias demostraron su implicación, en diferente grado, en el otorgamiento de contratos para la prestación del servicio de guardería en forma subrogada en todo el país, como la Guardería ABC , que operaba con irregularidades que fueron omitidas y que ocasionó el incendio en el que murieron los niños».
Indicó que cuando se demandaba la renuncia de Juan Molinar Horcasitas a su cargo en el Seguro Social, éste fue premiado con la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde la cual construye su eventual candidatura a la presidencia de la República.
Recordó que en febrero, las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, fueron encarceladas y condenadas a 21 años de prisión acusadas de haber secuestrado, sin armas y sin ayuda de ningún tipo, a seis agentes federales de la AFI en 2006, «fuertemente armados y entrenados para repeler agresiones de todo tipo».
Otro evento que causó conmoción -dijo Aragón- fue el caso de la persecución y encarcelamiento de mujeres en Guanajuato acusadas de cometer el delito de homicidio en razón de parentesco tipificado en el Código Penal del estado con penas de hasta 25 años de cárcel, aunque en realidad fueron abortos espontáneos.
«En el mes de septiembre, las ocho mujeres que permanecían encerradas desde hacía ocho años en diferentes penales del estado sin recibir sentencia definitiva fueron condenadas a la pena máxima prevista por la legislación local», señaló.
Destacó que otro caso más de la violación flagrante de los derechos humanos de los mexicanos a lo largo del actual sexenio es la cifra de 200 civiles que han sido asesinados por militares que abrieron fuego contra ellos al supuestamente no detenerse en los retenes y puestos de control.
«Resulta de extrema gravedad que en este año que aún no concluye, al menos 16 personas, la mayoría jóvenes y menores de edad, hayan muerto por la impericia de soldados y marinos.
A la fecha, ninguno de los responsables de haber accionado sus armas contra los tripulantes de autos que supuestamente no se detuvieron ha sido castigado».
Hizo notar además la muerte de 72 indocumentados centro y sudamericanos en San Fernando Tamaulipas, las vejaciones, violaciones sexuales, extorsiones económicas y esclavitud en diferentes formas sufridas al menos 20 mil indocumentados.
«Nuestro partido no puede dejar de manifestar su más enérgico repudio por el cobarde asesinato de la señora Marisela Escobedo Ortiz mientras exigía justicia frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua por el crimen de su hija Rubi Frayre Escobedo, hechos que han dejado de manifiesto que a pesar de las acciones emprendidas por el gobierno federal en el estado y la llegada del nuevo gobernador César Duarte, la aplicación de la justicia continúa durmiendo el sueño de los justos».