- SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- Once gobernadores de todo signo, expepto del gobiernista Morena, se reunieron en esta ciudad para reclamar una Convención Nacional Hacendaria.
- Sería imperdonable heredar un país de pobreza y desigualdad, asientan panistas, priístas, perredistas y el independiente Jaime Rodríguez El Bronco.
- Acusan al gobierno federal de quedarse con el dinero y en este sexenio haber caído al reparto más inequitativo del ingreso impositivo del país.
- En 1986 se destinaba 36 por ciento de la captación a estados y municipios, al terminar el sexenio pasado se les entrega a 26 por ciento y ahora menos de la quinta parte.
- Con una acotación: a pesar de promesas y búsquedas de entendimiento, se han reducido las partidas de manera perjudicial para las 32 entidades y los más de dos mil 400 municipios.
- En medio de la pandemia esto es criminal y agravará un pronóstico que habla de caída del producto interno bruto (PIB) en más del diez por ciento con un saldo de pobreza y desempleo por lo menos para nueve millones de mexicanos más.
- A continuación el texto íntegro del comunicado final:
- Al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional
de los Estados Unidos Mexicanos
Al Congreso de la Unión
A la Conferencia Nacional de Gobernadores
A los Congresos Locales
A los H. Ayuntamientos
Desde Guanajuato, Estado emblemático de la Independencia de México, cuna de Hidalgo y Allende; desde la Alhóndiga de
Granaditas, sitio histórico y punto de la lucha nacionalista, sitio testigo de uno de los más importantes triunfos del Ejército
Insurgente; desde esta ciudad, desde la que se dio patria: los once
Gobernadores que conformamos la Alianza Federalista, hacemos
una reflexión y un llamado para iniciar un diálogo nacional por un
nuevo y justo federalismo, que nos ayude a construir un país donde
la desigualdad no sea la herencia generacional, un país que
camine hacia los propios valores de justicia y equidad, que
persiguieron desde entonces, los independentistas.
Esto frente a las circunstancias especiales y extraordinarias que
vivimos, por la expansión del virus SARS CoV-2 y de la enfermedad
COVID-19, que han desembocado en la mayor crisis económica
del país en el último siglo, de la que se espera una contracción del
PIB mundial del 4.9 por ciento y una caída del PIB nacional que
oscilará entre el 9 y el 10.5 por ciento, conforme a las estimaciones
del Fondo Monetario Internacional y la CEPAL.
Las consecuencias de esta epidemia para un país como el nuestro
se han reflejado, primero, en la pérdida de más de 1 millón de
empleos formales y en el paro de más de 12 millones de
trabajadoras y trabajadores más.
Esta pérdida de empleo derivará en un aumento sustancial de la
pobreza, que se estima en, por lo menos, 9 millones de personas, lo
que implica que este año se perderán los avances de una década
de combate a la pobreza y la marginación.
La gran fragilidad de la economía también se pone de manifiesto
en otros rubros de la vida nacional, principalmente por los altos
niveles de desigualdad social, que hoy determinan el acceso de
la población a bienes y servicios públicos necesarios para el
desarrollo y el bienestar social, como la salud, el acceso al agua,
a vacunas y a una alimentación adecuada, que son aspectos
indispensables para enfrentar una epidemia como la que hoy
vivimos.
Esta profunda desigualdad, en mucho se explica por la falta de
una redistribución eficiente de la riqueza pública, que resulte en
una distribución más justa del ingreso nacional y en una reducción
de las disparidades entre grupos sociales y regiones geográficas
de México.
La presente crisis evidencia lo ineficiente y obsoleto que es el Pacto
Fiscal, como el principal instrumento para recaudar y redistribuir la
riqueza pública, el cual permite la concentración del 80 por ciento
de los ingresos públicos en el gobierno central y reparte sólo 20 por
ciento hacia los 32 estados y los más de 2 mil 400 municipios,
cerrando toda posibilidad para que los gobiernos subnacionales
fortalezcamos las acciones para el bienestar social.
Un pacto fiscal como el que hoy está vigente, diseñado hace más
de 40 años, ha dejado de cumplir su papel resarcitorio y
redistributivo que se planteó en un principio. Hoy atrofia el
funcionamiento de un verdadero Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, que debe perseguir como objetivo, la
obtención de recursos para que Estados y Municipios financien el
desarrollo económico y social de su territorio.
Adicionalmente, derivado de la presente crisis, Estados y
Municipios han sufrido importantes recortes de transferencias
federales por la cancelación de recursos convenidos con la
Federación, lo que ha limitado aún más la capacidad de
respuesta de nuestros gobiernos.
En lo que tiene que ver con los once estados que representamos,
la Federación cada vez recauda más y cada vez nos regresa
menos recursos, aun y respetando al pie de la letra la fórmula de
la Ley de Coordinación Fiscal.
En 2006, de cada 100 pesos que recaudó en nuestros estados, nos
regresó 36 pesos por la vía de las participaciones federales, pero
en 2018, esta proporción bajó a 26 pesos de cada 100, lo que
significa que se concentró aún más la riqueza pública en el
gobierno central.
El país, los estados y sus municipios necesitan de un pacto fiscal
que reconozca, como parte de sus propósitos fundamentales, las
diversidades de las regiones que integran el país, un pacto fiscal
que rompa la centralización de los recursos públicos, que posibilite
la participación activa de las entidades y de los municipios en el
diseño de políticas para el desarrollo de sus regiones.
Por todo ello, los gobernadores de los Estados Libres y Soberanos
de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y
Tamaulipas los llamamos, en el ámbito de sus responsabilidades,
competencias y de su compromiso con el desarrollo del país, para
que entre todos convoquemos en los próximos meses a una
Convención Nacional Hacendaria, que le permita al país contar
con un nuevo Pacto Fiscal, que fortalezca el pacto federalista y
que genere mejores condiciones para erradicar la desigualdad y
la pobreza.
- Bajo la misma lógica, los Gobernadores solicitamos que el Presupuesto Federal 2021 no se construya en la inercia negativa que se ha mantenido durante los últimos años, que en nada contribuye para que los Estados y Municipios afrontemos esta crisis. No es un tema de partidos o colores, es un tema de justicia para los ciudadanos que cada día aportan con su trabajo a la riqueza nacional.
- Hoy hacemos esta solicitud pública, que también haremos de manera oficial y al mismo tiempo, comenzaremos la convocatoria para el Foro Nacional Federalista, a realizarse durante la primera semana de agosto.
- Es necesario que comencemos a discutir los principales ejes a transformar de la vida pública nacional para el fortalecimiento del Federalismo, por lo que convocaremos a todas y todos los actores, entre ellos, legisladores, académicos, cámaras empresariales, presidentes municipales y gobernadores.
- Cordialmente: • Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes; • Javier Corral Jurado; Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua; • Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila; • José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; • José Rosas Aispuro Torres, Gobernador Constitucional del Estado de Durango; • Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato;
- 5 • Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; • Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán; • Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León; • Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, y • Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.
VIA | TELÉFOO ROJO
Sé el primero en comentar