México.- Atracciones y Emociones Vallarta tuvo un crecimiento exponencial de sus ingresos durante los últimos siete años, pese a mantenerse en constantes litigios con la Secretaría de Gobernación (Segob).
Entre enero de 2005 y febrero de 2011, esta empresa —dueña del permiso de funcionamiento del Casino Royale— entregó al gobierno federal más de 80 millones de pesos por participaciones de sus ganancias.
Esta cantidad contempla exclusivamente lo referente a los centros de apuestas remotas sobre eventos deportivos (conocidos como books), las salas de sorteo de números (bingos), premios no cobrados, “interventorías”, errores y sobrantes, y “actualizaciones y recargos”.
No incluye, por falta de regulación en la ley y en el reglamento de Segob, las ganancias económicas en las máquinas tragamonedas.
En 2005, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Juegos y Sorteos de Segob, consultados por EL UNIVERSAL, sus participaciones fueron de 1 millón 902 mil 975 pesos, pero para 2010 fueron de 56 millones 932 mil 314 pesos.
De acuerdo con el permiso que le otorgó Gobernación el 1 de junio de 1992, la empresa tiene obligación de entregar como participaciones a la hacienda pública 1% sobre apuestas autorizadas en hipódromos y galgódromos y 0.25% de apuestas remotas de eventos deportivos realizados en el extranjero.
La Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 2011 establece una tasa de 30% sobre la realización de juegos con apuestas y sorteos, “independientemente del nombre con el que se les designe, que requieran permiso de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento”.
Otorgan amparo
En Monterrey, Sergio Jacinto Gil García, dueño del casino RED, consiguió una suspensión de amparo.
El 23 de septiembre, el secretario del Juzgado Quinto Penal, Prudenciano Caballero le otorgó una suspensión de amparo para evitar cualquier orden de presentación, arraigo o detención, lo cual deja sin efecto la orden de presentación girada por la Procuraduría estatal en su contra el 8 de septiembre.
Dicha orden fue girada para esclarecer el presunto delito de extorsión que el hermano del alcalde de Monterrey, Jonás Larrazabal, realizaba en su contra a cambio de dádivas que permitían la operación del Casino RED.
Con esta acción, la Procuraduría no puede detener ni presentar a declarar al dueño del casino que presuntamente fue víctima de extorsión, lo que podría permitir la salida de Larrazabal Bretón el próximo viernes, quien ratificó su declaración por escrito.
Agencia El Universal