MEXICO, DF.- La Cámara de Diputados pide al gobierno de Oaxaca, cesar la persecución contra legisladores federales porque “violenta el Estado de Derecho y atenta contra el buen funcionamiento de las instituciones democráticas”.
El escrito del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, fue motivado por la denuncia de varios priístas, quienes acusaron al gobierno oaxaqueño de perseguirlos por realizar labores sociales o criticar la falta de resultados.
El oficio LXI-II/PMD-ST/0126/11 fue elaborado el 20 de junio y entregado el mismo día en la Secretaría Técnica a las 16:20 horas en Palacio de Gobierno. En él refiere Ramírez Marín:
“El pasado 15 de junio del presente año, los diputados representantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional del Estado de Oaxaca, acudieron ante esta presidencia para buscar la intervención del presidente de la misma, a efecto de resguardar en los términos constitucionales el acatamiento al fuero constitucional de los legisladores, la inviolabilidad de sus opiniones y el respeto irrestricto a su libertad de expresión en el estado de Oaxaca”.
Más adelante:
“Me han comunicado que en ejercicio de sus derechos y obligaciones como legisladores de aquella entidad, han manifestado pública y respetuosamente su preocupación sobre ciertos temas de interés estatal y nacional, como son: conflictos agrarios, ejercicio presupuestal, infraestructura, entre otros.
“De esta manera los legisladores me comentan que a partir de ello han surgido una serie de hechos e irregularidades que atentan a su persona e integridad con el fin de amedrentarlos».
El presidente en San Lázaro recuerda a Cué la obligación de las autoridades de “cumplir con la ley” y con el acatamiento de la Soberanía Popular para honrar la premisa de cooperación entre autoridades en el marco de una nación democrática.
Luego le pide:
“Solicito envíe a esta Soberanía cuáles serán las acciones que se tomarán sobre la situación manifestada para garantizar que ningún medio de apremio o presión pueda limitar la libertad de expresión y opiniones de los legisladores oaxaqueños”.
Ramírez Marín recuerda a Cué Monteagudo para concluir:
“No omito mencionar que la violación al fuero constitucional por cualquier autoridad, ya sea estatal o federal, implica un ataque al Estado de Derecho y atenta contra el buen funcionamiento de las instituciones democráticas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.