Al inaugurar el foro “La laicidad del Estado mexicano: actualidad, expectativas y retos en el escenario nacional contemporáneo”, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo que no se puede permitir que el Estado dé concesiones a grupos religiosos porque se violentaría el laicismo en el país.
“Hemos sabido, a través de la Secretaría de Gobernación, que se da la instrucción para que pueda analizarse una iniciativa que llegue al Congreso para dar concesiones públicas”.
Los y las legisladoras debemos estar atentas y a la vanguardia para garantizar la libertad de conciencia y de creencias, porque es la base de la democracia. En ese sentido, adelantó que su partido trabaja una iniciativa para sancionar a funcionarios públicos que atenten contra el Estado laico.
La activista y defensora de derechos humanos, Angélica de la Peña Gómez, consideró peligroso que las iglesias quieran imponer al Estado formas de pensar, actuar y asuntos relacionados con la gobernanza. “Es delicado que podamos estar frente a una violación del precepto fundamental que está en la Constitución, como es el Estado laico”.
El laicismo es un tema pendiente; se debe garantizar su total cumplimiento porque las iglesias no tienen derecho a meterse en temas políticos, afirmó.
Puntualizó que el Estado tiene que declararse abiertamente anticlerical, no antireligioso, porque tener una religión en un derecho humano. “El laicismo no se dirige contra el clero ni la religión, sino contra el clericalismo que pretende apropiarse de la esfera política y pública”.
Observó que es inadmisible que en pleno siglo XXI las iglesias se involucren en la educación, exijan concesiones para tener canales de televisión y acoten los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Al hablar sobre el legado de la laicidad juarista en la vida política nacional, la ex senadora recordó que el 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución que por primera vez estableció la tolerancia religiosa, lo que es el preámbulo de las Leyes de Reforma que han sido fundamentales para que el México moderno se caracterice por la separación de la Iglesia y el Estado.
“Liberales como Melchor Ocampo, Benito y Valentín Gómez Farías, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, Ignacio Vallarta, Francisco Zarco, Ponciano Arriaga, entre otros, redactaron la Constitución que estableció garantías individuales como la libertad de expresión, de asamblea, de portar armas, reafirmó la abolición de la esclavitud, eliminó formas de tortura o tormento, la enseñanza laica y la supresión de fueros en la asignación de bienes de la Iglesia”.
Roberto Blancarte Pimentel, profesor-investigador en El Colegio de México, reconoció la legítima preocupación del Presidente de la República para introducir valores en el país; sin embargo, calificó de equivocada su respuesta al tratar de incluir a las iglesias al espacio público y consideró un error el publicar la Cartilla Moral, de Alfonso Reyes agregándole una introducción con elementos religiosos, “eso es una violación al artículo 3º de la Constitución”.
Planteó que así como se imprimieron diez millones de ejemplares de la Cartilla Moral se divulgue Apuntes para mis hijos, de Benito Juárez; se expliquen y publiquen las Leyes de Reforma, así como cada artículo de la Carta Magna, “la cual es la única que hay que respetar, dado que tiene valores y defiende la libertad, la igualdad y la no discriminación. Esa es la única constitución moral que debemos tener”.
Blancarte Pimentel mencionó que un tema complejo de discusión es quiénes deben tener acceso a los medios electrónicos, principalmente sobre las asociaciones religiosas, pues se requiere conocer quiénes son y cuáles son los mensajes que pretenden promover. “Tenemos que pensar en apertura y no cerrazón, debemos promover la inclusión y no exclusión”.
Añadió que en México hay alrededor de 9 mil asociaciones religiosas registradas y más de 4 mil 500 iglesias evangélicas han pretendido representar al conjunto de las sociedades. “Es por eso que muchas otras se oponen a esta iniciativa porque saben del resultado inequitativo. Se necesita un espacio con mayor libertad de expresión, con más democracia y equidad”.
Al hacer uso de la palabra, Armando Javier Díaz Camarena, fundador del Centro de la Diversidad Sexual y de los Derechos Sexuales, se refirió a la incidencia de grupos conservadores en este tema que han alcanzado espacios de oportunidad para posicionar sus demandas. Pidió crear mecanismos de denuncia de violaciones al Estado laico e impulsar la capacitación para identificar estrategias que deriven en cambios jurídicos y políticas públicas.
Explicó que la educación tiene un papel relevante en el avance de los derechos sexuales, porque representa la posibilidad de construir un entorno favorable y superar el miedo a la pérdida del orden social. “Incluir la diversidad y contenidos de sexualidad abre posibilidades para una mayor integración y bienestar de la población”.