El grupo parlamentario del partido Morena pide mediante una iniciativa, la creación de un comité para el cumplimiento y ejecución de los puntos resolutivos ordenados en la sentencia de la controversia constitucional 121/2012 dictada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia de los límites territoriales entre los estados de Chiapas y Oaxaca.
De acuerdo con los antecedentes del conflicto, el 18 de diciembre de 2011, San Antonio y Benito Juárez, comunidades de la zona zoque chimalapa perteneciente al municipio de San Miguel Chimalapa en el estado de Oaxaca, levantaron el bloqueo que mantenían alrededor del núcleo agrario Gustavo Díaz Ordaz, adscrito al municipio de Cintalapa, Chiapas. La precisión jurídica sobre la adscripción territorial en estos tres pueblos ha estado en conflicto desde 1967.
Los intentos para resolver diferencias en torno a los límites interestatales entre los estados de Oaxaca y Chiapas estuvieron estancados y hubo un vacío institucional durante más de una década, lo que provocó que las políticas para el desarrollo regional hayan sido paulatinamente sustituidas por disputas violentas por la defensa del territorio que pobladores consideraban como suyo.
Por lo que es necesario tomar en cuenta que desde su anexión al Estado mexicano Chiapas tuvo la misma forma geográfica con la sola geográfica con la sola excepción de la gobernación del Soconusco.
Ese mismo año, el Congreso del Estado de Chiapas que el municipio se crearía con territorio segregado al municipio de Cintalapa, aunque en realidad se trataba de un territorio que fue invadido por compañías madereras en la década de 1940 a las comunidades zoques de los municipios de Santa María Chimalapa (Oaxaca). En 2016, la SCJN determinó la desaparición de los poderes municipales instituidos según las leyes de Chiapas en 2015, a pesar de la resolución de 2013 de ese mismo tribunal superior, que prohibía tanto a Oaxaca como a Chiapas el establecimiento de autoridades municipales en el territorio. Con esto y con la imposibilidad de celebrar comicios en 2018, el municipio de Belisario Domínguez ha desaparecido en los hechos.
Aunque el decreto del “nuevo” municipio Belisario Domínguez no incide aparentemente en el conflicto agrario, pues son atribuciones diferentes, lo complica porque incluye no sólo a pueblos “chiapanecos”, sino también a San Antonio y Benito Juárez, congregaciones comunales que se reconocen históricamente como pertenecientes al municipio de San Miguel Chimalapa, y quienes -con todas las congregaciones chimas- se opone al nuevo proceso de invasión.
No es un conflicto de límites entre estados, pues las constituciones de Oaxaca y Chiapas hasta 1990 delimitaban la circunscripción estatal, dejando establecido que la mayoría del territorio zoque chimalapa está en Oaxaca.
El unilateral decreto de un nuevo municipio significa una invasión a San Miguel y Santa María, y al estado de Oaxaca violando los derechos colectivos del pueblo zoque chimalapa, e indirectamente los derechos de otros pueblos de México, pues violenta su derecho al consentimiento previo, libre e informado y el derecho a la integridad de su territorio ancestral y al resguardo y conservación de sus bienes naturales comunes.
El 29 de noviembre de 2012, el entonces Gobernador de Oaxaca, así como el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, Emanuel Alejandro López Jarquín de la entonces LXVI Legislatura, así como Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera y Víctor Hugo Alejo Torres, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejero Jurídico del Gobierno respectivamente, todos del estado de Oaxaca, promovieron en la vía de controversia constitucional un conflicto de límites territoriales con el estado de Chiapas cuya pretensión fundamental consistió en que se fijara la línea limítrofe entre ambas entidades federativas.
Con la creación de dicho comité se emitirán lineamientos, para poder desahogar esta problemática entre ambos estados, que disputan algunas localidades.
La iniciativa fue presentada por las diputadas Tania Caballero Navarro, Leticia Socorro Collado Soto, Melina Hernández Sosa, Rosalinda López García, Lizett Arroyo Rodríguez, Nancy Natalia Benítez Zárate, Haydeé Irma Reyes Soto, Dennis García Gutiérrez, Yesenia Nolasco Ramírez, Reyna Victoria Jiménez, Luisa Cortés García y Concepción Rueda Gómez.
Y los legisladores Nicolás Enrique Feria Romero, Sergio López Sánchez, Pablo Díaz Jiménez, Luis Alberto Sosa Castillo, Luis Alfonso Silva Romo, Horacio Sosa Villavicencio, Jaime Moisés Santiago Ambrosio, Sesul Bolaños López y César David Mateos Benítez.
La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales para su análisis y posterior aprobación.
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