El gobierno del dictador Nicolás Maduro decidió contraatacar al mexicano y demandó justicia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para los 43 desaparecidos en el municipio perredista de Iguala.

La representación venezolana llevó el caso ante el organismo de Luis Almagro mientras familiares de los ex normalistas intentaban llegar hasta el salón de sesiones para, según dijeron, reclamar verdad, reparación y justicia.

El paquete de proyecto de resoluciones de Caracas está compuesto por diez asuntos y el crimen de los de Ayotzinapa es apenas uno de ellos porque, argumenta, es un agravio a la sociedad en su conjunto.

Este contraataque se da luego que el canciller mexicano Luis Videgaray intentara fallidamente un pronunciamiento sobre la grave crisis de gobierno imperante en Venezuela desde hace varios meses.

Y se da en circunstancias especiales: a diario se dan manifestaciones en Caracas y otras ciudades importantes de Venezuela por una sociedad sin alimento ni voz ni justicia y en víspera de una Asamblea constituyente al gusto de Nicolás Maduro.

Esas expresiones de reclamo se han combatido con represión y han muerto más de 70 personas en tres meses, todos ellos de la disidencia mientras el gobierno de Maduro intenta armar a sus huestes incondicionales.

Ahora la canciller Delcy Rodríguez se empeña en combatir la desaparición forzada cuando en su país hay muchas de ellas, presos políticos, expulsión de miles y miles de asilados y una población hambrienta y con un aparato agrícola e industrial improductivo.