El Partido Revolucionario Institucional (PRI) quitó su maya de protección a los gobernadores salientes de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente Javier Duarte y Roberto Borge.
“Nadie debe actuar por encima de la ley y todos debemos respeto absoluto al Estado de Derecho”·, sostiene ese organismo político en un comunicado difundido por su dirigente Carolina Monroy.
Pero en el mismo sentido, exige a los partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) que hagan lo mismo con militantes suyos acusados de corrupción y otros delitos.
En el caso de Acción Nacional, le recuerda a Ricardo Anaya, están bajo sospecha el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y la ex presidenta municipal de Monterrey, Margarita Arellanes.
En tanto, en el Partido de la Revolución Democrática los señalamientos apuntan al ex mandatario de Guerrero, Angel Heladio Aguirre Rivero, a quien también se acusa de responsabilidad política por el secuestro y asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala.
A continuación la declaración del PRI:
Ante las declaraciones de otras expresiones políticas relaciona-das con la situación que guardan los gobiernos de las entidades de Veracruz y Quintana Roo, el Partido Revolucionario Institucio-nal reitera su postura: nadie debe actuar por encima de la ley y todos debemos respeto absoluto al estado de derecho.
El PRI no tolerará ningún acto fuera de la ley de ninguno de sus militantes. Es deseable que la dirigencia del PAN se haga cargo de los temas de sus compañeros Padrés, de Sonora, y Margarita Arellanes de Monterrey; y la del PRD tiene muchos asuntos qué atender, entre ellos el del ex gobernador Aguirre.
Para hacer el tipo de solicitudes que ambos institutos plantean, se requiere autoridad moral y tener credibilidad. El mismo entu-siasmo con que critican a otros, deberían aplicarse para arreglar los asuntos que cada partido vive.
Todos los partidos políticos deben asumir la crisis que actualmen-te vive el sistema de partidos y proponerse enmendar de fondo y responder a la ciudadanía para avanzar en la credibilidad y en el trabajo político real que demanda la ciudadanía de todo el país.