Teherán, 12 de enero de 2026. Irán enfrenta una nueva jornada de tensión social marcada por protestas antigubernamentales que continúan en varias ciudades del país, en medio de una fuerte represión de las fuerzas de seguridad y un creciente escrutinio internacional. Las manifestaciones, activas desde finales de diciembre, se mantienen pese a las restricciones a internet y a la presencia reforzada de cuerpos policiales y militares en zonas urbanas clave.
De acuerdo con reportes de medios internacionales y organizaciones de derechos humanos, las movilizaciones surgieron por el deterioro económico —inflación, desempleo y caída del poder adquisitivo—, pero han derivado en consignas políticas contra el liderazgo del país. Las cifras de víctimas varían según las fuentes, aunque se habla de cientos de personas fallecidas y miles de detenidas durante los enfrentamientos registrados en los últimos días.
El gobierno iraní ha insistido en que la situación está “bajo control” y ha acusado a actores extranjeros de fomentar la violencia. Paralelamente, autoridades promovieron concentraciones a favor del régimen en Teherán y otras ciudades, mientras el líder supremo, Ali Jamenei, respaldó públicamente a las fuerzas de seguridad y calificó las protestas como un intento de desestabilización externa.
En el plano internacional, Estados Unidos y varios países europeos han expresado preocupación por el uso de la fuerza contra civiles. Washington advirtió que evalúa posibles medidas diplomáticas y sanciones, mientras Teherán dejó abierta la puerta a contactos indirectos para reducir la escalada, sin reconocer abusos en la respuesta oficial.
Analistas coinciden en que estas protestas representan uno de los mayores desafíos internos para el régimen iraní en los últimos años. Aunque las autoridades mantienen el control institucional, el descontento social y la presión externa configuran un escenario de alta incertidumbre política cuyo desenlace aún es impredecible.
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