· Claroscuros de Peña
· Se fortalece Arrigunaga
· Política de vivienda, en lo oscurito
La tragedia ocurrida en la torre B2 que conecta con la torre ejecutiva de Pemex, evidenció lo vulnerable que se encuentran varios inmuebles estratégicos de nuestro país en materia de seguridad y también la desorganización de parte de los funcionarios del gobierno federal, quienes dieron versiones diferentes sobre lo ocurrido.
En materia civil, el colapso en la torre tomó por sorpresa a las autoridades y provocó que numerosas familias no supieran qué había ocurrido con sus familiares. Empleados y visitantes no sabían qué hacer, la paraestatal no informaba nada y las noticias que llegaban de los voceros de las dependencias no hacían más que confirmar el caos. Fueron cientos las personas que se acercaron a la torre para conocer acerca de la situación de sus familiares, sin que nadie les pudiera informar nada.
Respecto a la comunicación y difusión de la información, no hubo claridad ni tampoco hubo una buena estrategia. Al principio, se informó que había habido una explosión en las calderas, después, que se trataba de un atentado y al final que ninguna hipótesis quedaba descartada. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, primero informó que eran doce los muertos, después que 25, luego que 33 y al día siguiente el presidente Enrique Peña Nieto informó que eran 36.
Finalmente se dio por sentado que la explosión en el complejo del corporativo de Pemex fue debido a una acumulación de gas metano, según dio a conocer el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien fundamentó su dicho en informes periciales, que para muchos sectores de la sociedad no son creíbles del todo.
Como sea, la explosión del 31 de enero tomó por sorpresa no sólo a los ciudadanos sino también al gabinete y a los encargados de la seguridad mexicana. De la misma manera salieron a la luz las deficiencias en materia de seguridad de Pemex.
Por el bien del país, del gobierno, este asunto no debe quedar en la opacidad. Hoy, más que nunca, los mexicanos requerimos saber exactamente qué pasó.
Peña Kegel, claroscuros
De nueva cuenta tenemos una sucesión de la presidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM) complicada, cuyo desenlace no es previsible aún. Luis Peña, director general de HSBC, ya hizo público su interés por suceder a Jaime Ruiz Sacristán; sin embargo, no todos sus colegas están de acuerdo en apoyarlo.
Aquí la polémica se profundiza cuando se cuestiona si el cargo responde a la personalidad o a la institución que representa. Esto es preguntarse si se elige a equis persona por tratarse de él o porque es presidente o director general de tal o cual institución. Lo que sí es un hecho es que si alguien no representa a un banco, jamás podrá aspirar a ser presidente de la ABM.
Durante el periodo de la presidencia de Enrique Castillo Sánchez Mejorada, se vivió una situación especial precisamente con Luis Peña, pues al ser vicepresidente de la asociación en su calidad de director general de Banorte, fue despedido y al ser rescatado de inmediato por HSBC conservó su cargo gremial, contando con el respaldo de la directiva de la ABM y transfiriendo la representatividad al banco inglés.
Obviamente esto no fue del agrado de algunos de sus colegas, particularmente del banco de capital mayoritario mexicano, que consideraron que la representatividad debía permanecer en la institución.
Posteriormente vino aquel veto de don Roberto González Barrera contra la personalidad de Luis Peña, mas no contra la institución, animadversión que hoy conservan los actuales directivos de Banorte.
Pero hay un grupo de banqueros, y con ellos coinciden algunas autoridades financieras, que no ven positivo que llegue a la presidencia de la ABM el presidente del banco acusado de realizar la mayor cantidad de operaciones de lavado de dinero del narco mexicano en los últimos años. Si bien ya fueron sancionados, políticamente no es conveniente para la imagen de un gobierno recién iniciado y que hasta ahora ha evitado se le cuestione en Estados Unidos tener cierto relajamiento en las políticas antilavado y antinarco.
Aquí se cuestiona a la institución, no a la personalidad de Luis Peña, pues él no tuvo nada que ver en dichas operaciones corruptas. Sin embargo, de darle la presidencia de la ABM sería como “premiar” al banco que ha sido duramente cuestionado dentro y fuera del país.
Por estas razones la figura de Javier Arrigunaga, director general de Grupo Financiero Banamex, se fortalece para tomar la dirigencia de la ABM sin riesgos de divisionismo o de falta de estrategia para generar una relación más productiva con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Política de vivienda, en lo oscurito
Al buen estilo de los gobiernos previos al del Presidente Enrique Peña Nieto, funcionarios de niveles medios y altos, sobre todo los primeros, se mueven en lo oscurito en contubernio con empresarios, para delinear no se sabe qué ni para qué y menos informar a la sociedad, a que una y otra vez ofrecen transparencia.
Eso ha sido más evidente en el sector de la vivienda, en donde los titulares de los principales organismos públicos responsables de orquestar y dirigir las políticas en la materia no alcanzan ni atinan, por el momento, a definir el rumbo. Eso sí, las reuniones privadas –hasta en lo oscurito– con los empresarios del sector no cesan.
Y esto viene a colación porque hace unos días la Cámara Nacional de la Industria de Promoción y Desarrollo de Vivienda delegación Valle de México realizó su plenaria mensual en la que estuvieron presentes dos cabezas de organismos claves del país, respecto al sector de la vivienda.
Ahí estuvieron a puerta cerrada con los vivienderos Alejandro Murat, director general del Infonavit, quien aún no habla con los medios porque continúa aleccionándose sobre lo que trata el sector de la vivienda y de lo que es y ha hecho el Infonavit a lo largo de su historia, y Alejandro Nieto, director de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Este organismo pondrá en marcha un programa piloto para dirigir parte de los subsidios a la renta de vivienda, debido a que es una parte del mercado que se encuentra olvidada en el país.
En la reunión, Nieto habló sobre arrendamiento de vivienda usada e incluso refirió que ante los desarrolladores que las dependencias encargadas de regular e incentivar la industria buscarán resolver las principales problemáticas que aquejan al sector en el arrendamiento, no sólo en la parte económica sino también en la parte jurídica.
¿Acaso no sabe el flamante director de Conavi que sus anfitriones los vivienderos a lo que se dedican es a construir, promover y vender vivienda nueva y que el arrendamiento para ellos es como una especie de urticaria y lo que pretenden es que se amplíen los subsidios para construir con mayores márgenes de ganancia?
Bueno, tal vez Alejandro Nieto, principal responsable de la política de vivienda del país, confundió el foro al que fue invitado.
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*Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Derecho