WASHINGTON.— El procurador de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, reiteró ayer que la investigación para esclarecer las responsabilidades del operativo fallido de Rápido y furioso aún no concluye, sino que están en curso.
En un ríspido enfrentamiento con el congresista republicano por California, Darrel Issa, Holder consideró como “ofensiva” la sugerencia de que el Departamento de Justicia sea el responsable por la muerte de estadounidenses o mexicanos por las armas traficadas de forma ilegal hacia México durante más de 15 meses.
“La noción de que este departamento es responsable por esas muertes es ofensiva”, dijo para responder a las acusaciones de Issa, presidente del Comité de supervisión gubernamental.
“Yo he visto a los ojos a las viudas, a las madres que han perdido a sus hijos. He sentido su dolor”, insistió Holder, visiblemente afectado por las acusaciones de negligencia lanzadas por el congresista republicano, quien desde el lunes había advertido que no dejaría escapar a Holder de la audiencia sin que ofreciera las respuestas y proporcionara los informes que se ha negado a entregar durante el proceso de investigación paralela que realiza el congreso sobre Rápido y furioso.
Durante la audiencia ante el Comité de Justicia en el Capitolio, en la que el congresista republicano se empeñó en acorralar a Holder, éste se mostró esquivo y hasta balbuceante cuando Issa le preguntó si acaso dos de sus principales colaboradores estaban al tanto de la operación Rápido y furioso.
“No estoy seguro… Supongo que no…”, fueron algunas de las respuestas ofrecidas por Holder cuando el congresista le preguntó sobre la eventual responsabilidad de su procurador adjunto, James Cole, y del jefe de la división criminal, Lenny Brewer, en el operativo.
En su comparecencia, Holder aseguró además que supo de Rápido y furioso hace apenas “varias semanas atrás” y reiteró que ni el presidente Barack Obama, ni él, autorizaron un operativo que ha dañado las relaciones con México.
El congresista consideró que alguien tiene que responder por una operación que fracasó y, además, habría causado la muerte de mexicanos y de agentes estadounidenses, como el caso de los agentes Brian Terry y Jaime Zapata, de la patrulla fronteriza y de la Agencia de Inmigración y Aduanas.
“El caso es que este operativo no produjo lo que tenía que producir. No tiene a los líderes de los cárteles, ni los lugares a donde fueron a parar (las armas)”, dijo Darrel Issa.
El legislador republicano Darrel Issa, quien ha amenazado con iniciar un procedimiento por desacato contra el director en funciones de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), Kenneth Melson, por su negativa a entregar la documentación en torno a las investigaciones de Rápido y furioso, le reiteró a Holder la seriedad del emplazamiento obligatorio emitido el 1 de abril por el comité de supervisión gubernamental.
“Supongo que usted se toma en serio el emplazamiento obligatorio que le hemos enviado y reconoce la responsabilidad del comité de supervisión”, le recordó Issa al procurador, en alusión a las atribuciones del comité de supervisión gubernamental y que, según la opinión de la Corte, tiene no sólo el poder, sino la obligación constitucional para investigar las acciones del Ejecutivo.
Busan recortar poderes a la ATF
Holder reconoció que su oficina reconoce las atribuciones del comité de supervisión gubernamental, pero enfatizó que estas atribuciones “se tienen que utilizar de forma responsable por parte del Congreso”, en referencia al impacto judicial que podría tener la investigación paralela que encabeza Issa para descubrir a los responsables directos de Rápido y furioso.
Una investigación que, en opinión de algunos miembros de la administración Obama, los republicanos no piensan desaprovechar para recortar los poderes de la ATF.
Agencia El Universal