México, D.F.- La Auditoría Superior de la Federación concluyó que en México es necesario reforzar la política de respeto irrestricto a los derechos humanos, y detectó que en la década de 2000 a 2010 casi se duplicaron las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que derivaron en 665 recomendaciones.
Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República y las secretarías de Marina y Seguridad Pública en esa década rechazaron 25 de las recomendaciones de la CNDH, que representan 58% de los casos (43) no aceptados por las autoridades.
Al revisar la cuenta pública 2010, realizó tres auditorías a las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como a la CNDH, en las que calificó como negativa la actuación de Segob, que entre otras deficiencias, no registró los esfuerzos del Ejecutivo para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el organismo de derechos humanos.
Además, concluyó que a partir del trabajo que realiza la Segob en este rubro, no es posible verificar el cumplimiento de los 33 tratados internacionales suscritos por el país en la materia, en lo que también incumple la Cancillería al no contar un programa que incluya metas e indicadores para evaluar la eficiencia.
Entre los resultados de estas auditorías destaca que en el periodo 2000-2010, la CNDH recibió 132 mil 693 escritos de queja, lo que representó un aumento de 6.9% en promedio anual, al pasar de 8 mil 257 casos en 2000 a 16 mil 66 en 2010. De cada 100 quejas, 40 fueron aceptados por las visitadurías generales por considerar la existencia de una presunta violación a las garantías.
Las dependencias con mayor número de expedientes abiertos en su contra en una década son: IMSS, PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional; el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; CFE, la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE que concentran 60% de los casos.
Entre los hechos violatorios más señalados estuvieron: ejercicio indebido de la función pública; detención arbitraria; trato cruel o degradante; cateos y visitas domiciliarias ilegales; negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud y en materia de electricidad, y violación a los derechos de los migrantes.
El mayor número de observaciones fue para la Segob, en las que la ASF destacó que en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 se cumplieron parcialmente los objetivos de “fortalecer la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas de la Administración Pública Federal; fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos”.
Agencia El Universal
