La violencia y las desapariciones continúan marcando la agenda de sociedad y seguridad en México, tras nuevos hechos registrados en el norte del país y movilizaciones de familiares que exigen justicia.
El reciente secuestro de trabajadores mineros en Sinaloa volvió a encender las alertas. La empresa canadiense confirmó que varios empleados fueron privados de la libertad; al menos cinco fueron hallados sin vida y otros permanecen desaparecidos. El caso ha generado cuestionamientos sobre la situación de seguridad en zonas con fuerte presencia del crimen organizado.
En medio de este contexto, familiares de personas no localizadas irrumpieron en el Carnaval Internacional de Mazatlán para visibilizar la crisis y exigir avances en las investigaciones. Con pancartas y fotografías, reclamaron a las autoridades acciones concretas para encontrar a sus seres queridos.
De acuerdo con registros oficiales y reportes de organismos civiles, México acumula más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas. Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que la problemática refleja fallas estructurales en prevención, búsqueda e impartición de justicia.
Especialistas señalan que, aunque algunos indicadores como el homicidio doloso han mostrado variaciones en ciertos periodos, la violencia vinculada a desapariciones, extorsiones y desplazamiento forzado mantiene una tendencia preocupante en distintas regiones del país.
El panorama coloca a la seguridad pública y la atención a víctimas como uno de los principales desafíos para las autoridades federales y estatales en 2026.

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