El PRD en la Cámara de Senadores exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) para que atraiga el caso de la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, que murió tras el enfrentamiento entre fuerzas públicas de Puebla y pobladores de Chalchihuapan hace unas semanas.
La solicitud fue formulada a través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente por los senadores del grupo parlamentario del PRD, Luis Sánchez Jiménez y Alejandro Encinas Rodríguez, relativo al desalojo de ciudadanos de la Junta Auxiliar de Chalchihuapan, del municipio de Atlixco, Puebla, el pasado 9 de julio.
Los senadores llaman también a la CNDH a investigar posible involucramiento de funcionarios estatales y elementos de la PGR.
La solicitud a la Procuraduría General de la República atraer la investigación se da en virtud de existir un conflicto de intereses, pues en los acontecimientos es posible que estén involucrados diversos funcionarios del gobierno del Estado, incluyendo elementos de la PGR que no actuaron con la probidad e imparcialidad debida; así como la posible manipulación de dictámenes y alteración de elementos de prueba en la investigación.
Con esto, se prevé que por los conductos adecuados se inicien las acciones penales correspondientes así como la reparación del daño y todas las consecuencias civiles para las víctimas de la represión ejercida por el gobierno de Puebla a través de la Policía Estatal en Chalchihuapan, sostienen los senadores del PRD.
Adicionalmente, los legisladores hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que al concluir las investigaciones de la CNDH, si no se cumpliera con las recomendaciones emitidas, atraiga el caso, para que después de un análisis jurídico y conforme a sus facultades, emita la resolución que corresponda a derecho.
En la exposición de motivos, los legisladores expusieron que se pueden advertir violaciones directas a la Constitución Política y a los derechos humanos también señalados en Tratados Internaciones y, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
