Las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron en lo general y particular el proyecto de dictamen para expedir las leyes de las industrias eléctrica y geotérmica, así como adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Los legisladores de PRI, PAN y PVEM avalaron el segundo paquete de cuatro de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia energética que envió el Ejecutivo Federal, al cual se le realizaron 60 cambios.
En el proyecto dictamen de la Ley de Industria Eléctrica se establece el marco jurídico que regirá a las actividades estratégicas de planeación y control de este sector y la prestación del servicio público de transmisión y distribución de electricidad, así como las demás actividades de esta actividad.
De igual manera contempla para este sector las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, uso y ocupación temporal de las tierras, contenido nacional e impacto social por el desarrollo de proyectos de infraestructura para la generación, transmisión y distribución de electricidad.
Además contempla las atribuciones del Estado para llevar a cabo dicha planeación y control por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Energía (Sener) como coordinadora del sector y de un organismo público descentralizado que se denominará Centro Nacional de Control de Energía.
El documento reafirma el principio constitucional de que corresponde a la nación el ejercicio de dichas actividades estratégicas y se proponen los principios legales para que el Gobierno Federal celebre contratos con particulares en estas áreas.
De acuerdo con el proyecto, la Ley de la Industria Eléctrica tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de este sector y garantizar su operación continua, eficiente y segura.
Ello en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes.
Dispone que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, sean áreas estratégicas y en estas materias el Estado mantenga su titularidad, sin perjuicio de que pueda celebrar contratos con particulares.
Faculta a la Sener formar las asociaciones o celebrar los contratos necesarios para prestar el servicio, promover la expropiación, la ocupación temporal, parcial o total o la limitación de los derechos de dominio de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica.
También para autorizar al Centro Nacional de Control de Energía la celebración de convenios con los organismos o autoridades que sean responsables de operar los mercados y sistemas eléctricos en el extranjero.
En tanto la Ley Geotérmica tiene por objeto dotar al país de un marco legal específico que regule el aprovechamiento y explotación de los yacimientos geotérmicos para la generación de energía eléctrica o destinarla a usos diversos, así como la participación del sector privado en este tipo de actividades productivas.
Se trata, dice, de dotar de certeza jurídica a los inversionistas y sus proyectos en las etapas de reconocimiento, exploración y explotación del recurso geotérmico, incentivando la participación de nuevos actores en la industria nacional.
Al inicio del encuentro, con la asistencia de los senadores del PRI, PAN y PVEM y la ausencia del PRD y del PT, el senador David Penchyna Grub recordó que en la sesión anterior, con el respaldo de los integrantes de las comisiones presentes, se votó que el primer dictamen relativo a la Ley de Hidrocarburos se encontraba suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Además dijo que el pasado 12 de junio se remitió a los senadores dos proyectos de dictámenes sobre las iniciativas que expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica.
Asimismo para adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que en la reunión de este sábado se aprobó integrar las dos propuestas en un solo proyecto de dictamen.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Raúl Gracia Guzmán, informó que las presidencias de las comisiones unidas solicitaron a la Mesa Directiva del Senado su opinión sobre la legalidad o no del acuerdo que rige el procedimiento para dictaminar las leyes en materia energética.
Al fijar la postura del PRI sobre el proyecto de dictamen, Héctor Yunes Landa advirtió que los altos precios de la energía eléctrica, además de representar un lastre para las familias mexicanas, restan competitividad a la economía nacional.
Dijo que, no obstante los elevados montos de las tarifas de luz, la industria eléctrica, para evitar montos mayores de los que ya se cobran, requiere fuertes subsidios, en detrimento del presupuesto federal.
Solo el año pasado, destacó, requirió de más de 85 mil millones de pesos en subsidios, equivalente en más de 700 pesos por cada mexicano.
Bajo las condiciones en la que opera el sistema eléctrico nacional, afirmó, la energía que utilizan millones de familias terminará siendo impagable y seguir bajo el mismo esquema de operación nos llevará a un escenario nada deseable.
Se refirió a tarifas más altas y presupuestos oficiales que no alcanzarán para subsidiar los recibos de la energía eléctrica, por lo que esto debe cambiar.
Indicó que la Comisión Federal de Electricidad seguirá siendo el suministrador para los usuarios de tipo residencial, de los pequeños y medianos de tipo comercial e industrial, ofreciendo servicio eléctrico bajo tarifas reguladas por el gobierno.
Estos usuarios, agregó, no tendrán que cambiar su forma de pago o consumo de electricidad y recibirán el mismo servicio que antes, bajo una figura llamada suministro básico.
Además, precisó, se creará una nueva figura para los grandes usuarios, aquellos que rebasen el umbral de consumo establecido por la Sener.
A nombre del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury adelantó que su grupo parlamentario reservaría todos los artículos del dictamen.
Consideró que el objetivo del documento permitirá establecer condiciones de competitividad y productividad, que ayudará a bajar costos de la energía eléctrica y crear condiciones de sustentabilidad.
Comentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe realizar una revisión de los subsidios a la energía eléctrica.
En la ley, dijo, se establecen sanciones por el robo de luz, pues del 100 por ciento de la energía eléctrica que se genera en el país un 23 por ciento no se factura, “con la competencia este tema se verá solucionado”.
Afirmó que desde hace muchos años existe “una seria amenaza en este país” porque la demanda de energéticos presenta una tasa de crecimiento anual, por lo menos, de dos por ciento y la capacidad de generación eléctrica es limitada ante la falta de inversión, de apertura y de competencia en el sector.
Es fundamental no solamente garantizar servicios de calidad del sector eléctrico, sino que sea sustentable, diversificado y de baja emisión de contaminantes.
Por el PVEM, la senadora Ninfa Salinas Sada se pronunció en favor del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Industria Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
Consideró que hace más competitivo y eficiente al país con la participación del sector privado.
Se pretende, subrayó, modernizar al sector, ampliar las redes de transmisión y, con la participación de particulares, hacer eficiente el servicio, así como bajar los costos de energía eléctrica para el usuario final.
Además se hace uso de energías limpias a fin de proteger el medio ambiente. También se prevén modalidades de contratación entre el Estado y los particulares para mejorar las redes y capacidad general de distribución a través del financiamiento y del acceso a mejores tecnologías.
Al finalizar la reunión el senador David Penchyna Grub dio a conocer que el grupo del PRI no se reservó ningún artículo para la discusión en lo particular.
Ello debido a que en la construcción del proyecto de dictamen se le realizaron “profundas” adiciones a la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo Federal, el 30 de abril pasado.
Detalló que se realizaron alrededor de 60 cambios a la iniciativa del Presidente de la República; por ello, dijo, existe claridad y “estamos convencidos que guardan una integralidad en función a lo que mandata la reforma constitucional”.
Al término del debate en lo general y en lo particular indicó que el próximo dictamen será distribuido 24 horas antes de citar nuevamente a las comisiones.
