El pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que establece un nuevo sistema de evaluación de los profesores, erradica prácticas sindicales de mantener a miles de mentores comisionados y busca fortalecer la calidad de los procesos educativos.

Durante la primera sesión ordinaria del periodo, se avaló con 102 votos a favor, 21 en contra y sin abstenciones el dictamen que establece nuevas reglas en los procesos de evaluación, promoción y permanencia frente a los grupos de alumnos de todos los profesores del país.

El presidente de la Mesa Directiva del senado, Raúl Cervantes Andrade, destacó que en la discusión en lo particular se reservaron 26 artículos por diversos senadores del PRD y PAN.

A nombre del PRI, el senador Daniel Amador Gaxiola expuso que esta nueva legislación no es una "puntilla" a los derechos laborales de los docentes, sino que permitirá transparentar los procesos de ingreso y evaluación, y se da un paso para erradicar la discrecionalidad para otorgar las bases docentes y venta de plazas.

En tribuna, destacó que en el Congreso se seguirán escuchando todas las voces de los maestros, "pero bajo ninguna circunstancia podemos claudicar en nuestro compromiso de mejorar la calidad de la educación", por lo que puntualizó que "no hay marcha atrás en la transformación y democratización del sistema educativo nacional".

Indicó que a partir del ciclo escolar 2015-2016 los ingresos se darán sólo por concursos públicos de oposición, es decir que quien ocupe una plaza lo hará por méritos profesionales.

"Sin duda, con el Servicio Profesional Docente damos un paso fundamental para acabar con el crecimiento desordenado de plazas y la discrecionalidad en los profesionales de la educación", mencionó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A su vez, el senador del PRD, Raúl Morón, expuso que esta reforma no es la panacea con la que se logrará rescatar al sector educativo, pues atenta contra los derechos laborales de los maestros, en lugar de promover la mejora de la infraestructura educativa que se encuentra deteriorada y es insuficiente.

Mediante dicha ley se elimina la relación bilateral entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública (SEP), quitando toda posibilidad de defensa para los integrantes del magisterio ante la evaluación planteada, consideró el integrante de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En tanto la legisladora Luisa María Calderón fundamentó el voto a favor del Partido Acción Nacional (PAN) al exponer que aún hay muchos temas pendientes, pero que continuarán trabajando para lograr otros acuerdos, sobre todo en materia de transparencia de los resultados de la evaluación magisterial.

Expresó su reconocimiento a los profesores que han tolerado la imposición de algunos "líderes inconscientes", y valoró el trabajo de los maestros que continúan trabajando en sus escuelas y que se capacitan.

La senadora por Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, indicó que con esta ley se dará certeza y actualización al sistema educativo nacional y, de manera específica a la planta docente, a fin de dotarles de herramientas y responsabilidades compartidas ante el problema educativo.

Sin embargo, precisó que la certificación no es la única herramienta o condición para el crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo nacional.

En su oportunidad, Manuel Bartlett Díaz, senador del Partido del Trabajo, expresó que esta reforma sólo se limita a ser "sancionadora", porque no existen las bases para impulsar una verdadera calidad en el sector educativo.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Flores, expuso que con este cambio legislativo se establecen parámetros para identificar y establecer mecanismos para evitar la pérdida de clases y de los llamados comisionados sindicales, pues se ahorrará en el pago de sus salarios.

Layda Sansores, senadora de Movimiento Ciudadano, lamentó en su turno el apresuramiento por aprobar esta ley, y argumentó que la situación de la educación en México apremia a realizar una profunda reforma del sector educativo y no centrarla en una mera evaluación, sino en temas como la infraestructura.

La nueva Ley General del Servicio Profesional Docente establece que se buscará que los profesores logren el máximo aprendizaje de los alumnos, pero se acota que se tomarán en cuenta los contextos sociales y culturales donde viven los alumnos.

Los concursos de oposición para ser docente de educación básica, establecidos en el Artículo 24, no serán inmediatos, pues se llevarán a cabo hasta dos años después de que entre en vigor la ley.

Asimismo, se declarará nula e improcedente cualquier forma de ingreso o promoción en el sistema docente que incumpla con los procedimientos establecidos en la nueva ley, por lo que se establecen sanciones a quien incurra en ellos.

Respecto a las comisiones sindicales, se subraya que las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión no educativa, deberán separarse del Servicio Profesional Docente, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión.

Además se señala que la evaluación no aplicará al personal docente, de dirección o supervisión de nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pues esta institución cuenta con su propia normatividad.



INF./GRUPO FÓRMULA/NOTIMEX