Las políticas migratorias del presidente estadunidense Donald Trump tienen un “devastador impacto” en los migrantes que viven en Estados Unidos, miles de ellos deportados pese a los fuertes lazos que mantienen con este país, denunció Human Rights Watch (HRW).

En un informe difundido este martes, el organismo humanitario destacó que durante los ocho primeros meses del gobierno de Trump, los arrestos de inmigrantes en Estados Unidos aumentaron 42 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En total, el gobierno federal ha arrestado del 20 de enero al 30 de septiembre un total de 110 mil 568 personas, de acuerdo con cifras oficiales. Asimismo, los arrestos por inmigración de personas sin condenas penales casi se triplicaron en comparación con el mismo período de 2016.

Titulado “Los deportados: inmigrantes desarraigados del país al que llaman hogar”, el informe documenta los casos de 43 inmigrantes, muchos de ellos mexicanos y residentes de largo plazo con fuertes lazos familiares y otras relaciones en Estados Unidos.

Estas deportaciones, denunció HRW, ignoraron en gran medida los derechos fundamentales de los inmigrantes y casi nunca tomaron en consideración los hogares y las familias que tienen en este país.

“Las cifras y los testimonios de las personas que están siendo deportadas dejan en claro que los inmigrantes a largo plazo con fuertes lazos con Estados Unidos son objeto de agresión y deportación sistemática”, expresó Clara Long, investigadora principal de HRW.

Long añadió que estos casos no son atípicos ni son minoritarios, sino que representan “la cara brutal y destructiva de la política de inmigración de Trump”.

Al asumir el cargo, Trump firmó dos órdenes ejecutivas que hacen que casi todos los inmigrantes no autorizados que viven en Estados Unidos sean objetivos prioritarios que deben ser arrestados, detenidos y deportados.

Las órdenes revocaron las directrices que enfocaban los esfuerzos de la aplicación de la ley en las personas que recientemente habían cruzado la frontera o en personas con condenas penales severas. El impacto de estas acciones ha sido inmediato y grave, de acuerdo con HRW.

Muchas de las personas deportadas, cuyos casos fueron incluidos en el informe, describieron cómo las interacciones menores con la policía, como la detención por motivos de tránsito, desencadenaron la deportación y la separación de sus familias, que ahora luchan financiera y emocionalmente.

Los gobiernos tienen considerable libertad legal para retirar a los no ciudadanos de su territorio, particularmente cuando no están autorizados, aunque esta discreción no está exenta de límites, consideró HRW.

El organismo recordó que Estados Unidos tiene la obligación de ponderar el interés del gobierno en deportar a una persona tomando en cuenta el impacto de esta decisión sobre los derechos fundamentales, incluido el derecho a la unidad familiar.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, las leyes estadunidenses que rigen la deportación no otorgan relevancia ni peso a los vínculos de los inmigrantes con el hogar y la familia, señaló el organismo.

El sistema también ignora los derechos del debido proceso de muchos inmigrantes, negándoles a muchos la oportunidad de impugnar su remoción en una audiencia.

Por ello, HRW pidió al gobierno federal y al Congreso reformar la ley y las políticas de inmigración, comenzado con la aprobación de una ley para los jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “dreamers”.

El Congreso también debe rechazar cualquier solicitud del gobierno para aumentar el financiamiento de los esfuerzos de inmigración que no están vinculados a reformas a la ley de inmigración o a esfuerzos por aumentar la transparencia y abordar las condiciones abusivas en los centros de detención.

El informe incluye una herramienta interactiva para leer las historias de docenas de inmigrantes deportados, muchos de ellos mexicanos.

Linda C, una madre de 29 años con tres hijos ciudadanos estadunidenses, vino a Estados Unidos cuando tenía cuatro años de edad. Linda fue deportada después de una detención por una infracción menor de tránsito: conducir a 45 millas por hora en una carretera donde la máxima era de 40 millas.

Otro caso: Manuel G, un padre con hijos ciudadanos estadunidenses y un líder local en Alcohólicos Anónimos, fue deportado después de 29 años en Estados Unidos, luego que la policía lo detuviera por realizar en su auto una vuelta en U demasiado amplia.