La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania presentó este lunes un informe según el cual las fuerzas rusas habrían usado sistemáticamente drones para atacar a civiles en el sur de Ucrania.
En un informe, los expertos de la comisión señalan que los ataques, que se extienden a lo largo de más de 300 kilómetros del río Dniéper, constituirían crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, al haber sido cometidos con el propósito de sembrar el terror y forzar desplazamientos masivos.
El documento indica que los ataques con drones se concentran en las provincias de Kherson, Dnipropetrovsk y Mykolaiv, en la margen derecha del Dniéper, una zona controlada por Ucrania.
Las investigaciones revelan que los vehículos no tripulados rusos han golpeado viviendas, hospitales, escuelas, mercados, puntos de distribución humanitaria y estructuras críticas como subestaciones eléctricas y torres de comunicación. Los drones también habrían atacado a brigadas médicas, bomberos y equipos de reparación, ignorando la protección que otorga el derecho internacional humanitario a estos servicios y personal.
Los ataques con drones se intensificaron este año
De acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, los ataques, que comenzaron hace más de un año, se intensificaron en 2025, convirtiéndose en la principal causa de víctimas civiles cerca del frente. Desde julio de 2024, más de 200 civiles han muerto y unos 2000 han sido heridos en dichas agresiones. Además, cerca de 3000 viviendas han sido destruidas total o parcialmente.
La comisión identifica a varias unidades rusas que operan desde la margen izquierda del Dniéper, bajo control de Moscú. Los drones utilizados, muchos de ellos de fabricación rusa y modificados a partir de modelos comerciales chinos, están equipados con cámaras de transmisión en vivo, lo que mostraría la intención de los atacantes.
Las consecuencias para la población son devastadoras. El informe describe localidades enteras como inhabitables a causa de incendios, destrucción masiva y una atmósfera de miedo permanente. El trauma psicológico, la pérdida de hogares y la interrupción de servicios esenciales han obligado a miles de personas a huir.
Desplazamiento forzado
La comisión también denuncia el uso del terror para el desplazamiento forzado, lo que equivaldría a crimen de lesa humanidad. El informe argumenta que los ataques no sólo buscaban destruir, sino vaciar las zonas controladas por Ucrania mediante el miedo sistemático.
También documenta deportaciones y traslados forzosos de civiles desde las áreas ocupadas de Zaporizhzhia, donde las autoridades rusas habrían detenido, interrogado y expulsado a hombres y mujeres acusados de actuar contra Rusia. Desde 2024, muchas personas fueron deportadas a Georgia, tras ser privadas de sus documentos y sometidas a malos tratos. Estas prácticas habrían sido realizadas de forma coordinada entre autoridades militares y civiles rusas, y constituirían crímenes de guerra.
La Comisión subraya que los ataques con drones, las deportaciones y los traslados forzosos forman parte de una política estatal sistemática, destinada a consolidar el control ruso sobre los territorios ocupados y a castigar a quienes se niegan a aceptar la ocupación.
No son hechos aislados
El informe insta a Rusia a cesar de inmediato los ataques contra civiles y a poner fin a las deportaciones, y pide a Ucrania a brindar asistencia médica, psicológica y humanitaria a las víctimas.
Además, exhorta a la comunidad internacional a apoyar los mecanismos de rendición de cuentas y la atención a los desplazados.
La magnitud, duración y coordinación de los ataques confirmarían que no son hechos aislados, sino parte de una política planificada, concluye la Comisión, y subraya que estos actos violan el derecho internacional humanitario y podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional
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