Estalla un problema y la vulnerabilidad de todo un sistema se revela. El tema se pone sobre la mesa pero las respuestas, las acciones para resolverlo, se alargan, se complican, se postergan y hasta se olvidan. La situación no es característica del sistema de justicia y penitenciario del país; la dinámica aplica a cualquier tópico: economía, seguridad, educación, sequía, salud, etcétera. Problemas que cuando estallan se enfrentan y sacan avante, pero que no se resuelven integralmente, porque cuando dejan de estar en el centro de atención, se olvidan.
Lo sucedido en el penal de Apodaca el fin de semana pasado —que dejó un saldo de 44 reclusos asesinados y la fuga de 30 internos— ya es calificado por muchos como la peor tragedia registrada en penales mexicanos. Y es que esta historia se repite una y otra vez: hace poco más de un mes, un incidente en el penal de Tamaulipas dejó un saldo de 31 víctimas mortales; el penal municipal de Ciudad Juárez dio la nota el verano pasado al registrar un enfrentamiento con armas de fuego que dejó un saldo de 17 internos muertos; ayer, en el penal de Topo Chico, se registraron hechos violentos que provocaron la muerte de tres convictos.
La situación de los motines, hechos violentos y asesinatos en las cárceles es reiterativa, como también lo es la alarma que han emitido investigadores y especialistas en seguridad, así como organismos nacionales e internacionales, sobre el estado crítico de las cárceles mexicanas y la sobrepoblación que padecen. El problema no sólo está estudiado y señalado, sino que aumenta exponencialmente, sin que se haga nada al respecto.
Desde 1990 la población penitenciaria casi se ha triplicado; para 2011 su expansión fue de 4.1%. Hoy, dicha población es la octava más grande del mundo en términos absolutos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en México hay 429 centros de reclusión con espacio para albergar a 186,000 reclusos. Datos de octubre de 2011 revelan que el número de internos es de 231,510. A nivel nacional la sobrepoblación en estos centros asciende a 124%, pero en algunos penales llega a más de 250%.
Crece la población penitenciaria pero no crecen los recursos, ni humanos ni materiales, para atenderla. En México hay un custodio por cada 18 reos, mientras que en Estados Unidos hay un guardia por cada ocho presos. Además, son personal mal pagado y mal protegido, por lo que se convierten en personas altamente vulnerables a la corrupción y la intimidación.
La corrupción de las autoridades penitenciarias también se ha dejado al descubierto en más de una ocasión, pero parece que de nada ha servido porque la situación sigue igual. Las prisiones resultan un negocio formidable para las mafias y los grupos criminales: se hacen del control de las mismas; tienen grandes negocios en los vicios de los reclusos como el tabaco, el alcohol, la droga, el sexo, los privilegios; desde ahí operan sus redes de secuestradores; o son el refugio extraordinario para esconder y proteger a sus aliados.
Y entonces, si no hay control en las prisiones, si no manda en ellas el gobierno municipal, estatal o federal, si la corrupción en las mismas es conocida por todos, por qué con toda confianza el Ejército, la Marina y la Policía Federal siguen mandando a los criminales capturados a las cárceles, aun a sabiendas de que cuando llegan se reestructuran como grupos, se reorganizan y hacen de las prisiones su centro de operaciones para continuar delinquiendo. Un horrible círculo vicioso.
Lo más lamentable de este asunto es que el problema ya se había puesto sobre la mesa y se habían asumido compromisos específicos. El Acuerdo por la Seguridad, firmado hace más de tres años por los tres Poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, no se ha cumplido. Entre los compromisos estaban: bloquear los celulares en todas las prisiones, se siguen manejando secuestros y extorsiones desde la cárcel; aprobar la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, sigue pendiente por lo mismo la reparación del daño a las víctimas y todo el régimen de liberaciones; la depuración de los cuerpos policiales y de seguridad, ningún estado ha cumplido este compromiso plenamente.
El compromiso establecido con la sociedad en el Acuerdo por la Seguridad no se ha cumplido. ¿Hasta cuándo veremos estallar una crisis tras otra?
