Rosy RAMALES
El Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, es incongruente; ha perdido la razón o ya lo están convenciendo.
Verán, primero se lanza con todo en contra de la pretensión de Morena de que los partidos políticos devuelvan parte del financiamiento público que por ley les corresponde (claro, una ley ventajosa gracias a la cual reciben carretadas de dinero).
Y luego, acaba de decir que si los partidos desean hacer dicha devolución simplemente que envíen un oficio dirigido al INE para proceder a las retenciones de las ministraciones de los meses siguientes, pero ya no se puede respecto del financiamiento depositado.
¡Congruencia Lorenzo! La ley claramente obliga a los partidos políticos a utilizar el financiamiento público exclusivamente para los fines destinados.
Y los fines destinados los marca la Constitución General: Para actividades ordinarias y específicas, así como para procesos electorales.
En ese entendido, el INE calcula la bolsa del financiamiento público para los partidos en base a la fórmula establecida en la ley, lo integra a su proyecto de presupuesto y lo remite a las instancias correspondientes para la aprobación, en su caso.
Y desde el momento en que el Congreso aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación, queda avalado el destino del financiamiento público a los partidos.
Entonces, ¿de dónde saca Lorenzo Córdova la posibilidad legal de hacer devoluciones vía un oficio enviado al INE previo al depósito de la correspondiente ministración? Además, el Instituto carece de facultades para retener el dinero de las prerrogativas de los partidos, salvo cuando se trata de aplicación de sanciones.
Sí, claro, cuando ocurrieron los sismos de septiembre del 2017, varios partidos políticos, a iniciativa de Morena, devolvieron parte de su financiamiento para que fuera destinado a los damnificados. Sin embargo, se entendió como una excepción.
El INE lo permitió, con lo cual puso el mal ejemplo, y ahora Morena pretende repetir el esquema, cuyo fin más que altruista sería perverso si acaso el o los partidos pregonan a los cuatro vientos la devolución como una forma de proselitismo para ganar adeptos.
La única forma legal, transparente y honesta para reducir el financiamiento a los partidos políticos, sería la reforma a la ley de la materia para modificar la fórmula.
En fin.
MONREAL
Martí Batres Guadarrama ganó la batalla jurídica interna. El órgano partidario competente invalidó la elección a favor de la senadora Mónica Fernández Balboa para presidir la Mesa Directiva del Senado; elección hecha por la bancada de Morena…bueno, con la ayuda de pesistas.
Aunque ya dimitió a participar en la reposición del procedimiento.
Y habría que ver las hipótesis previstas en los estatutos de Morena en el caso concreto. Porque la vida parlamentaria es autónoma, salvo disposiciones estatutarias expresas.
Por el momento Ricardo Monreal Ávila ganó la batalla política; incluso, lo refuerza la carta firmada por 44 de los 59 senadores de Morena, mediante la cual ratifican la elección de Mónica Fernández.
En fin, independientemente de quien tenga la razón jurídica, cabría preguntar: ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en libertad a los senadores de Morena para elegir a quien presidirá la Mesa Directiva de la Cámara Alta? ¿O hizo alguna sugerencia?
Y si sugirió elegir a la senadora Mónica Fernández, oriunda de su natal Tabasco, pues ella quedará al frente del órgano legislativo. Caso contrario, en reposición del procedimiento, la decisión sería distinta.
CÁMARA BAJA
En la Cámara de Diputados Federal, la bancada de Morena pretende quedarse con la Mesa Directiva los tres años legislativos.
Pero si la jugada no les resulta, tienen otra: Que varios diputados morenistas se pasen a la bancada del PT, incluido Porfirio Muñoz Ledo, para que ésta se convierta en la segunda fuerza legislativa para efectos de presidir la Mesa Directiva en la persona de Porfirio.
Al menos es el run run en los corrillos legislativos.
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Rosy RAMALES