La justicia belga decidió este viernes dejar en libertad condicional al líder independentista catalán Carles Puigdemont, mientras examina la orden de extradición cursada por España.
El juez que ha estado tomando mi declaración acaba de dictar las condiciones de mi libertad sin fianza con la posibilidad de salir de Bélgica con su permiso», aseguró a la prensa Puigdemont tras comparecer ante el juez.
La justicia española solicitó de nuevo el lunes su extradición, después de condenar a penas de hasta 13 años de prisión a exmiembros de su gobierno y otros líderes independentistas catalanes por el intento de secesión de Cataluña de España en 2017.
En base a esos hechos, el Tribunal Supremo pide su entrega «por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos», después de retirar dos anteriores que ya examinaban la justicia belga en 2017 y la alemana en 2018.
Uno de sus abogados, Simon Bekaert, explicó que Puigdemont se presentó «voluntariamente esta mañana» para «poder oponerse a la orden» de detención, después que Bélgica recibiera la OEDE de España traducida.
Cuando conocimos ya la orden de detención, me puse ayer por la mañana a disposición de las autoridades belgas. La policía me condujo a comparecer ante el juez», explicó Puigdemont antes de regresar Waterloo, al sur de Bruselas.
Tribunales belgas ya examinaron en noviembre de 2017 un primer mandato
Los tribunales belgas ya examinaron en noviembre de 2017 un primer mandato, que la justicia española retiró un mes después, al considerar que su interpretación sobre los hechos podía generar una «distorsión» con el caso instruido entonces en España.
En ese momento también acordó su libertad con condiciones. Puigdemont pasó no obstante unos diez días en prisión entre marzo y abril de 2018, cuando la policía alemana lo detuvo cerca de la frontera con Dinamarca después que España activara una nueva euroorden.
En julio de 2018, decidió en cambio retirarla luego de que un tribunal en Alemania, donde había sido detenido, descartara extraditarlo por el grave cargo de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y sólo por malversación.
A diferencia de entonces, la nueva euroorden no contempla el delito de rebelión, sino sedición y malversación de caudales públicos por los que fue condenado a 13 años de prisión su mano derecha en el gobierno, Oriol Junqueras.
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