El presidente Sebastián Piñera anunció este sábado la suspensión del alza en la tarifa del Metro de Santiago, origen del violento estallido social que mantiene en caos la capital chilena.
Quiero anunciar hoy día que vamos a suspender el alza de los pasajes del metro», dijo el mandatario, en un mensaje en el palacio presidencial de La Moneda, en momentos que las protestas se extendían en varios puntos de Santiago.
El general del Ejército que está a cargo de la seguridad de Santiago, Javier Iturrita, ordenó toque de queda total -tras un decreto de estado de emergencia- en la capital chilena a partir de las 01:00 GMT del domingo, para hacer frente a una extendida ola de protestas.
Habiendo analizado la situación y los desmanes que han ocurrido el día de hoy, he tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades y de movimiento a través de un toque de queda total», dijo el general Javier Iturrita.
El aumento en el precio del boleto de Metro en Chile…
Las «evasiones masivas» coordinadas en el Metro de Santiago a través de las redes sociales en la última semana, que desembocaron en las violentas protestas del viernes, fueron en rechazo al aumento en la tarifa de la hora punta, que subió 30 pesos chilenos quedando en unos 1,17 dólares.
Pero el alza en el precio del Ferrocarril metropolitano, que transporta a diario casi tres millones de personas, se sumó a otros aumentos.
A principios de octubre, el gobierno aumentó 10,5% las tarifas de luz, en tanto no ha logrado una baja en el valor de los medicamentos, de los más altos de la región, mientras un sistema de salud privado cubre solo el 60% del valor de las prestaciones, deja afuera a ancianos y es tres veces más caro para las mujeres.
Otros factores que desencadenaron las manifestaciones en Chile
Las protestas no se desataron sólo por los aumentos en los precios del Metro, se mezclaron también la desigualdad social crónica, bajas pensiones, la electricidad, los costos de la salud; sonados casos de corrupción en la Policía y el Ejército y una creciente criminalización del movimiento estudiantil.
Desigualdad crónica en Chile
Ni su elogiada política macroeconómica ni ser el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina (superior a 20 mil dólares), libran a Chile de ser uno de los países con la mayor desigualdad social de la región.
La fractura social entre una robusta clase alta, concentrada en una veintena de familias, y el resto de la población que hasta ahora se conformó con el acceso al consumo mediante un alto endeudamiento, está en el ADN de las masivas protestas sociales en Chile.
Sistema de pensiones y salud en Chile
El sistema de pensiones -una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que pionero en establecer la capitalización absolutamente individual de los trabajadores, algo elogiado por los neoliberales- encabeza la larga lista de demandas.
Las pensiones en su mayoría se ubican por debajo del sueldo mínimo, que ronda los 400 dólares, mientras las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que acumulan millonarias ganancias cada año, indignan a los chilenos.
Un año atrás, el presidente Sebastián Piñera envió al Congreso una reforma al sistema para establecer el aporte del 4% del salario por parte del empleador, por años excluidos del sistema.
Escándalos de corrupción en Chile
Otro polo de descontento social es una escalada en los casos de corrupción, en una sociedad que años atrás se vanagloriaba de su transparencia.
Instituciones hasta ahora incuestionables, como el Ejército y la Policía de Carabineros -acusada de desviar casi 40 millones de dólares desde 2006- están sometidas a sendos procesos por corrupción, que en el caso del Ejército tiene procesados a dos de sus últimos comandantes en jefes.
Criminalización de movimientos estudiantiles
Fortalecido en 2011 gracias a multitudinarias manifestaciones callejeras que pusieron a temblar al primer gobierno de Piñera (2010-2014), el movimiento estudiantil de Chile denuncia una campaña para desprestigiar su lucha.
El gobierno logró aprobar en el Congreso una ley que permite expulsar de los colegios a aquellos estudiantes involucrados en desórdenes graves y busca ahora aprobar una normativa para establecer un control preventivo de identidad desde los 14 años.
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