Uno de los principales temas de la agenda legislativa de nuestro país es el de la seguridad nacional. Si bien no hay duda de que es responsabilidad del Estado mexicano garantizarla, la visión se complica cuando se ponen sobre la mesa la multiplicidad de componentes asociados a ella y se deja claro que no se trata de un asunto exclusivo de seguridad pública.
El objetivo del foro “Importancia de la Seguridad Nacional en el Marco de una Sociedad Democrática”, realizado en el Senado de la República por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, fue resaltar la necesidad de tener una visión de Estado sobre la seguridad nacional y, para abordarla de manera integral, tomar en cuenta componentes como: el incremento de la pobreza, desigualdad social, la inseguridad y la violencia, el crimen organizado, terrorismo, agrupaciones armadas, aumento del desempleo, el crecimiento económico con variaciones negativas, la violación a los derechos humanos, la pérdida en la posición del índice de competitividad, la falta de regulación del Estado en algunos sectores económicos como es el de los monopolios, debilidad fiscal del Estado, la derivación de una parte de la economía informal en economía criminal, el aumento en el consumo de drogas, la corrupción y la ilegalidad, entre otros.
Para ello, en el desarrollo del foro se realizaron tres mesas de análisis: Conceptualización moderna de la seguridad nacional, sus riesgos y amenazas; La Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas y los Sistemas de Inteligencia de la seguridad nacional; y La importancia del Poder Legislativo en el control y evaluación de la seguridad nacional. En dichas mesas participaron como ponentes representantes de secretarias de Estado como la Sedena, Gobernación, la PGR, así como los responsables del Consejo de Seguridad Nacional y del CISEN; además de especialistas en derechos humanos, académicos e investigadores y los diputados y senadores integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
Como integrante de dicha comisión y ahora en mi calidad de presidente de la misma, he insistido en que no hay una unificación en el concepto de seguridad nacional, y ello no sólo lleva a diversas interpretaciones, sino que impide avanzar en los criterios para elaborar una ley integral; por ello resulta necesario, como primer paso, marcar una línea central, un eje articulador, que tome en cuenta la multiplicidad de tópicos que en ella intervienen y permita darle una visión de Estado que marque las políticas que garanticen la seguridad nacional que tanto requiere México.
Mientras no se sensibilice a los poderes del Estado, a las instituciones y a la población en general, de que la seguridad nacional no sólo se refiere a temas coyunturales –como la seguridad pública–, sino que se trata de un problema mucho más amplio, donde intervienen factores sociales, económicos y políticos, de un problema que tiene que ver con riesgos y amenazas a la integridad del Estado y de las personas, poco avanzaremos rumbo a la consolidación de un marco jurídico adecuado que dé elementos de defensa ante el problema o las amenazas a la seguridad nacional.
Hoy más que nunca resulta fundamental que gobernantes, legisladores y autoridades en materia de seguridad privilegiemos los intereses de la nación y no los personales o de partido, pues sólo así será posible combatir de manera eficiente este grave problema de inseguridad y violencia que vive nuestro México, al tiempo que se le dará un carácter integral a la seguridad nacional, con una planeación de Estado, donde los tres niveles de gobierno y los tres poderes demos cumplimiento a una política de Estado que dé estabilidad y desarrollo al país.
Si bien es cierto que construir una política de seguridad nacional, bajo estos criterios y que sirva de guía y argumento para la elaboración de las políticas de Estado, resulta impostergable, también es necesario que en su elaboración se involucren todos los actores políticos y sociales, así como los poderes del Estado, ello posibilitará dar el paso que permita dejar la seguridad nacional como responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, es decir, una política de seguridad de gobierno, y construir una verdadera política de seguridad nacional de Estado, que permita al ciudadano común tener mayores expectativas para su desarrollo integral, ampliando el espectro de oportunidades para tener una mejor calidad de vida.