**Ni el gremio, ni la sociedad, ni el gobierno actúan
**Compromisos de senadores de diversos partidos
**Crear leyes de protección a periodistas y defensores de DDHH
Ángel Castillo Corona, columnista del diario Portal del Estado de México y Director de Comunicación Social de Ocuilan fue asesinado el 3 de julio Frente al asesinato de la reportera del sector policiaco del diario Notiver de Veracruz, Yolanda Ordaz de la Cruz, quien apareció muerta este 26 de julio, la Fundación para la Libertad de Expresión se solidariza con su familia y con el medio periodístico mexicano y manifiesta su más profunda preocupación por los hechos ocurridos en contra de periodistas de ese diario y de los comunicadores veracruzanos en los últimos meses, dijo la organización por medio de un comunicado.
Con el asesinato de Ordaz de la Cruz ya van cinco periodistas asesinados este 2011 en México y cuatro en el estado de Veracruz: Los restos de Noel López Olguín, reportero de los semanarios Horizonte y Noticias de Acayucan y el diario La Verdad fueron encontrados el 1 de junio en Jáltipan, tras su desaparición el 8 de marzo; Miguel Ángel López Velasco, columnista y subdirector del diario Notiver, mejor conocido como Milo Vera y su hijo el también reportero gráfico, Misael López Solana fueron asesinados en su casa el pasado 20 de junio junto con Agustina Solana, esposa y madre de ambos.
Con el asesinato de Yolanda Ordaz de la Cruz la suma de periodistas asesinados desde el año 2000 suma 82 y 11 de ellos en el estado de Veracruz, así como dos desaparecidos de los 12 contabilizados.
De acuerdo con una nota en el portal de Internet del diario Notiver, Yolanda Ordaz de la Cruz tenía 48 horas desaparecida antes de encontrar su cadáver, el cual fue arrojado detrás de las instalaciones del también diario Imagen de Veracruz, en el fraccionamiento Jardines de Virginia, en Boca del Río, zona conurbada del puerto.
Asimismo, Ángel Castillo Corona, columnista del diario Portal del Estado de México y director de Comunicación Social del municipio de Ocuilan fue asesinado la madrugada del lunes 3 de julio en las inmediaciones de Santiago Tianguitenco junto con su hijo del mismo nombre, de 16 años.
Varios funcionarios del municipio de Ocuilan, así como el mismo alcalde ya fueron citados a declarar, pues la noche previa al asesinato sostuvieron una reunión a la que asistió Ángel Castillo.
La Fundación para la Libertad de Expresión exige que se realice una investigación profunda en cada uno de los crímenes antes mencionados y el resto de los periodistas muertos y desaparecidos; asimismo, demanda que las autoridades omitan descalificar el quehacer periodístico, tratando de relacionar los crímenes con presuntas implicaciones de los comunicadores con el crimen organizado.
Por el contrario, expresa su llamado para que las investigaciones sean extensas, intensas, expeditas y no se descarte ninguna posibilidad referente a su trabajo periodístico.
De acuerdo con la información de la Fundalex, en el estado de Veracruz fueron asesinados desde el año 2000 José Miranda Virgen de El Sur de Veracruz; Raúl Gibb Guerrero, Director de La Opinión de Poza Rica; Hugo Barragán Ortiz, periodista de Radio Max; Roberto Marco García de la revista Testimonio; Alfonso Sánchez Guzmán, de Televisa Veracruz y Enlace Veracruz; Raúl Martínez López del Periódico Noreste; Luís Daniel Méndez Hernández, de Radio La Poderosa y los cuatro asesinados este año.
Reporteros Sin Fronteras se suma a la condena
El nombre de Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de la fuente policial y columnista del periódico regional Notiver se añadió el 26 de julio de 2011 a la larga lista de periodistas mexicanos asesinados o desaparecidos. La prensa del país ha perdido a 77 periodistas desde el año 2000; otros 13 no han dado señales de vida desde 2003. Reporteros sin Fronteras ha registrado siete asesinatos de periodistas y colaboradores de los medios de comunicación –dos de ellos relacionados directamente con el ejercicio de la profesión– y la desaparición de un octavo desde el inicio del año 2011.
En el estado de Veracruz, visitado por Reporteros sin Fronteras poco antes de esta nueva tragedia, han sido asesinados tres periodistas: Yolanda Ordaz; su colega del mismo medio de comunicación, Miguel Ángel López Velasco, conocido como “Milo Vela” (http://es.rsf.org/mexico-asesinan-a-otro-periodista-en-el-21-06-2011,40500.html), y Noel López Olguín (http://es.rsf.org/mexico-encuentran-el-cuerpo-de-un-03-06-2011,40402.html).
“En el caso más reciente –como en la mayoría de los precedentes, aún impunes–, nos escandalizamos por la manera en que las autoridades locales descartan todo móvil relacionado con el ejercicio de la profesión y alimentan sucios rumores sobre la víctima, incluso antes del inicio de la investigación. Yolanda Ordaz se encontraba entre los periodistas expuestos al peligro teniendo en cuenta la fuente que cubría. Evidentemente, no hay que excluir la pista del crimen organizado en Veracruz, estado donde hacen estragos tres temibles bandas: los Zetas, el Cártel del Golfo y La Familia Michoacana. Asimismo, es difícil no relacionar el asesinato de la periodista con el de su colega ‘Milo Vela’, cuyas columnas podían importunar a ciertas autoridades. En un denso clima de suspicacia y autocensura, es urgente que se pongan en marcha los mecanismos de protección de los profesionales de los medios de comunicación”, declaró Reporteros sin Fronteras. La organización recuerda que, a escala federal, aún no se ha aplicado el nuevo convenio de seguridad firmado en noviembre 2010 (http://es.rsf.org/mexico-prision-para-un-representante-de-05-11-2010,38756.html).
48 horas después de su secuestro, encontraron a Yolanda Ordaz degollada cerca de las instalaciones del periódico Imagen del Golfo. “También los amigos traicionan, atte. Carranza”, decía el mensaje que dejaron junto a su cuerpo. Juan Carlos Carranza Saavedra, de 33 años de edad, fue señalado por el procurador del Estado como presunto asesino de “Milo Vela” y de su familia en junio pasado. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, “el móvil del crimen pudo deberse a fuertes diferencias de tipo personal entre el periodista y el presunto señalado”, se indicó sin dar más detalles. Durante su visita a Veracruz, Reporteros sin Fronteras supo que, algunos días antes de su asesinato, “Milo Vela” tuvo una fuerte discusión con un sobrino del gobernador del estado, Javier Duarte, debido a información publicada recientemente en Notiver. Así también, la mañana en que fue asesinado se publicó una editorial en la que el periodista cuestionaba el pasado de dos candidatos al puesto de titular de la Policía de Tránsito del Municipio de Veracruz. Varios periodistas también nos informaron de despidos forzados efectuados en la redacción por orden directa de las autoridades.
En el caso de Yolanda Ordaz, la Procuraduría General de Justicia del Estado excluyó de entrada que el crimen estuviera relacionado con el ejercicio periodístico, sugiriendo “posibles nexos [de la víctima] con la delincuencia organizada” como principal línea de investigación. Por el momento, la dirección de Notiver no ha querido responder a nuestras preguntas.
En el siniestro balance humano que afecta a la prensa mexicana desde hace un decenio, Yolanda Ordaz es la cuarta mujer asesinada. Periodista de la radio Estéreo 91 en Nuevo Laredo (Tamaulipas), Guadalupe García Escamilla fue asesinada el 16 de abril de 2005. Le siguió, el 7 de abril de 2008 en el estado de Oaxaca, el doble atentado mortal contra Felicitas Martínez y Teresa Bautista, de la radio comunitaria indígena triqui La Voz que Rompe el Silencio. Estos casos nunca tuvieron un seguimiento judicial. Finalmente, seguimos sin noticias de María Esther Aguilar Cansimbe, desaparecida desde el 11 de noviembre de 2009 en el estado de Michoacán.
Reporteros sin Fronteras continuará alertando, independientemente de la situación de los periodistas, sobre el terrible balance de la ofensiva federal emprendida contra el narcotráfico, que ha dejado un saldo de más de 40.000 muertos desde diciembre de 2006. La organización también recuerda al gobierno federal y al Congreso de Estados Unidos su responsabilidad directa en este drama. No habrá solución para la tragedia mexicana sin un control de las armas. El 26 de julio de 2011 el senador republicano Charles Grassley dio cuenta en un informe parlamentario de la confiscación de 122 armas provenientes de Estados Unidos presentes en 48 escenas de crímenes cometidos en México (http://www.reuters.com/article/2011/07/26/us-usa-guns-mexico-idUSTRE76P33T20110726?feedType=RSS&feedName=domesticNews).
Campaña ¡Basta de Sangre! ¡No más Sangre! (http://es.rsf.org/mexique-campana-basta-de-sangre-no-sangre-11-02-2011,39527.html
Senadores se comprometen a crear leyes de protección a periodistas
El Senado de la República realizó el pasado 20 de julio una inusual Audiencia Pública con representantes de decenas de organizaciones civiles y sociales y que además fue trasmitida en vivo por el Canal del Congreso. Al cabo de tres horas de críticas al gobierno federal por la desatención a los fenómenos crecientes de asesinatos y otros agravios a periodistas y defensores de derechos humanos, senadores del PAN, PRI y PRD se comprometieron a revisar las políticas, los recursos económicos y los mecanismos que el gobierno de Felipe Calderón ha destinado para ofrecer protección.
En lo sustancial ofrecieron crear un grupo de trabajo con periodistas y defensores para hacer propuestas legislativas que se presentarán en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. La Audiencia celebrada en las nuevas instalaciones del Senado fue presidida, entre otros, por los senadores Rubén Camarillo Ortega, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones no gubernamentales (PAN) Ricardo García Cervantes, vicepresidente de la Mesa Directiva (PAN); Ludivina Menchaca, secretaria de la Mesa Directiva (PRI), Renán Cleomino que llevó la representación de Manlio Fabio Beltrones (PRI), Carlos Sotelo García, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (PRD).
Después de escuchar los datos y testimonios más recientes de agravios, asesinatos y desencuentros con el gobierno federal y gobiernos estatales por la falta de efectividad en la protección, el senador Carlos Sotelo (PRD) hizo una primera evaluación y también criticó “graves omisiones del Senado” Legislativo frente a estos fenómenos y ofreció que propondría crear un grupo especial de trabajo con los senadores presentes para revisar las iniciativas de ley que, al respecto se han acumulado en esa cámara del Congreso de la Unión e incluso revisar la ley de radio y televisión para garantizar la existencia de las radios comunitarias.
El Senador García Cervantes (PAN) también reconoció que en el Senado no se han podido dictar normas con planteamientos políticos de fondo porque se anulan unas propuestas con otras por intereses partidistas o de corrientes políticas. Anticipó un consenso que se había formado entre los legisladores presentes: que cualquier iniciativa de ley para protección de periodistas y defensores no la diseñarían ellos, que asumirían como suyas las propuestas que les hicieran los organismos allí presentes y así la presentarían en el siguiente periodo ordinario de sesiones; anunció también que él buscaría la creación de una red de reacción rápida de legisladores ante amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos.
El coordinador de la Audiencia Pública, Senador Rubén Camarillo, al presentar las conclusiones anunció que habrá un grupo de trabajo mixto entre senadores y representantes de los organismos promotores de esa audiencia, que la primera reunión sería la semana entrante, antes de finalizar julio, para detallar lo qué está haciendo el Ejecutivo Federal; que el Senado aceptará las propuestas de iniciativas de ley provenientes de esas organizaciones, que solicitará la asistencia técnica de la oficina en México del Alto Comisionado para derechos humanos de la ONU; que la primera tarea será revisar las asignaciones presupuestales al respecto para respaldar las políticas del gobierno de Calderón.
Quienes contribuyeron a la preparación de la audiencia, a la presentación de diagnósticos y testimonios y participarán en el grupo ciudadano que iniciará propuestas de leyes con los senadores son: Javier Hernández Valencia, representante de la oficina en México de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de la ONU; por los defensores José Rosario Marroquín del Centro Pro de Derechos Humanos; Agniezka Raczynsca de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Francisco Cerezo Contreras de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos y otros.
Por organizaciones de periodistas participan, entre otros: Brisa Maya Solís, Directora Ejecutiva de Cencos; Ricardo González, oficial del programa de Protección de Artículo 19; Balbina Flores, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras; Mike O”Connors del Comité de Protección a Periodistas de Nueva York; María Eugenia Chávez de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México y Rogelio Hernández López, coordinador del Programa de Protección de la Casa de los Derechos de Periodistas. Redacción / RHL por la Casa de los Derechos de Periodistas. (Rogelio Hernández / CDP).
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