2012 no será el fin del mundo como lo quiso hacer creer la superflua cultura hollywoodense en una frívola interpretación comercial de la cosmogonía maya, pero sí será, como lo anuncia el advenimiento de Bolon Yokte (dios de la muerte), el fin de un periodo mítico o, para el caso que nos ocupa, el fin de un periodo de fracasos y desatinos, que en un corto tiempo hundió al país en la violencia y la zozobra.
Sin embargo, el advenimiento de una nueva era no implica necesariamente que los cambios que se avecinan representen avances y saldos positivos. Por el contrario, la incertidumbre que prevalece implica que el desenlace de este proceso no lo definirá un poder divino, sino la mundana acción de los hombres y mujeres que habitamos este territorio al emitir el voto.
Es mucho lo que está en juego este año, no sólo la definición del rumbo que adoptará nuestro país en la eventual alternancia en la Presidencia de la República y en distintos órdenes de gobierno, sino además la posibilidad de recuperar el rumbo de un país en el que han prevalecido la impunidad ante la corrupción, la indiferencia ante el desamparo y la incertidumbre ante la violencia.
Lo que está en litigio es la posibilidad de recuperar un gobierno que ha dado la espalda a la mayor parte de los mexicanos, lo que exige superar al menos dos retos: el primero es crear las condiciones de una competencia que garantice legalidad y equidad, así como el reconocimiento del derecho de la izquierda a asumir la presidencia que —a pesar de haberlo logrado a través de los cauces democráticos— le ha sido negado. Se trata de garantizar un entorno democrático, que permita el desarrollo de las campañas y la libre emisión del sufragio. Ello exige erradicar la presencia de poderes fácticos y mafiosos del proceso electoral, la tentación de emprender una nueva guerra sucia, la presencia desmedida del dinero, bien o mal habido; la intimidación de grupos criminales e incluso la pretensión de usar las instituciones judiciales para saldar asuntos que por su naturaleza deben dirimirse en urnas.
El segundo reto es dar por terminada, de una vez por todas, la fallida estrategia que ha dejado una secuela de más de 50 mil asesinatos en episodios de violencia vinculados con la delincuencia organizada, y que a la par viola derechos humanos, desacredita a las Fuerzas Armadas y criminaliza a jóvenes y luchadores sociales.
Calderón ha señalado que 90% de estas víctimas son miembros de cárteles asesinados por bandas rivales o en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, existen dudas fundadas sobre la fiabilidad de estos datos, ya que en muchos casos elementos de las fuerzas de seguridad han alterado la escena del crimen o no se ha realizado ninguna investigación.
Human Rights Watch obtuvo pruebas de 24 casos, donde miembros de las fuerzas de seguridad realizaron ejecuciones de civiles, muerte a causa de tortura o en retenes militares. La PGR ha reconocido que 337 civiles han muerto en el fuego cruzado, confundidos con maleantes o por no acatar retén u orden de “alto”. La cifra de ejecuciones reconocidas es mínima, lo que de acuerdo con Steven Dudley, codirector de In Sight Crimen Organizado en las Américas, refleja dos realidades: impunidad sistemática y criminalización a priori de las víctimas.
A ello se suma la violencia política, como los lamentables hechos de que fueron objeto normalistas de Ayotzinapa, así como la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en Guerrero, que dan cuenta del abuso de la fuerza letal por parte de las autoridades encargadas de salvaguardar la seguridad.
Pese a las falsas profecías sobre el 2012, y pese a este escenario adverso, a la tentación de restaurar el viejo priísmo, así como a la obsesión de mantener los equívocos, nuestro país entra a una encrucijada donde la izquierda, con sus limitaciones y errores, arriba unida y con un candidato que renueva la esperanza de que un México con justicia y con valores es posible.