Para hacer un pastel necesitamos saber, por lo menos, qué ingredientes necesitamos, las cantidades y el procedimiento para hacerlo, de lo contrario podemos obtener algo inesperado. En el tema de seguridad y justicia pasa algo muy similar: sabemos que es un platillo que, aderezado con procesos electorales, puede ser muy atractivo para servirse de él, sin importar lo que ocasione en los ciudadanos.
Preparar un plato, como la seguridad pública, sin tener los ingredientes adecuados, no es nada apetecible, y hacerlo hasta nos podría ocasionar una seria indigestión social.
Disponer de una acertada propuesta de política pública para resolver este problema es mucho más complejo que hacer pasteles. Este tema se cocina aparte, y los responsables se olvidan de un ingrediente: la transparencia.
Las instituciones de seguridad y justicia requieren más transparencia, esto sería el equivalente al rigor higiénico que debemos tener en los alimentos. Es necesario un escrupuloso cuidado según el tipo de ingrediente, es decir, algunos deben tener un tratamiento hermético, como los datos personales, y otros, en cambio, deben mantenerse al aire libre, como el presupuesto. Aunque en nuestro país disponemos de un marco legal para ser transparentes, en los hechos, cuando de seguridad y de justicia se trata, es común que ante una solicitud expresa se responda que la información está reservada.
Y a pesar de que hay lineamientos para determinar el periodo de reserva de un expediente, algunos funcionarios deciden meter a reserva documentos, según su particular criterio. El Índice de Expedientes Reservados (IER) a nivel federal, alcanza ya más de 9 millones de registros. Encabezado por las dependencias de seguridad y justicia.
La PGR ha metido a reserva más de 720 mil registros y la SSP más de 348 mil. Los criterios para reservar son de 12 años la máxima, con posibilidad de repetir el periodo.
Si un ciudadano llega a solicitar información que se encuentra en el índice, la dependencia le contestará que ésta es reservada. El usuario está en condiciones de interponer un recurso de revisión, para desclasificarla o, bien, para que le entreguen una versión pública. Esta situación crea una percepción ciudadana de que las leyes de transparencia se han convertido en un instrumento de opacidad, no sólo a nivel federal. Por ejemplo, algunas entidades como Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Querétaro, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, hasta el 19 de enero de 2012 no han homologado su ley de transparencia a lo que establece el artículo sexto constitucional, lo cual habla de su escaso interés en la materia.
En Puebla, si bien hicieron un esfuerzo en mejorar su ley de transparencia, la función pública le hace trampa a los ciudadanos al negarse a rendir cuentas y en el caso que un ciudadano ose hacerlo, le costará un ojo de la cara, ya que en su Ley de Ingresos 2012 dice que la entrega de documentación del ejercicio del gasto público, la relativa a la operación recaudatoria y resoluciones de carácter fiscal sea sólo por copia certificada y cada hoja tiene un escandaloso costo de 80 pesos. Pasando por alto que el artículo 49 de la Ley de Transparencia poblana le permite al solicitante elegir la modalidad de entrega.
El colmo es que en algunos estados además de omisos son excluyentes como en Oaxaca, donde no permiten que ciudadanos de diferente entidad les pidan información si no acreditan vivir en la localidad. Resulta que si no vives en Oaxaca no tienes derecho a comprar ingredientes en el estado.
Por último, el IFAI está incompleto. Se les viene una carga de trabajo enorme al entrar en vigor la ley de protección a datos personales. Es necesario designar un comisionado que sea abogado, conocedor del tema, para que garantice el cabal cumplimiento de los derechos ARCO. Es decir, los ciudadanos ahora podemos demandar el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al manejo de nuestros datos en poder público y privado y evitar que sirvan a otros intereses. El Legislativo dejó un boquete en el IFAI para tapar el del IFE, esperamos ahora que no se tarde el mismo tiempo en designar a un nuevo comisionado.
Para hacer efectiva la transparencia en México tiene que existir un orden, sin embargo, primero se decretó la Ley de Transparencia, después la de datos personales y al final la Ley Federal de Archivos, que urge sea publicada. Es decir, se hizo al revés.
El procedimiento para hacer un pastel es esencial, es ilógico que primero se hornee, luego se decore y al final se mezclen los ingredientes. Los resultados nos están causando agruras y no dudo que aun así nos lo quieran servir en los platos electorales.
Presidenta de Causa en Común AC
me.morera@gmail.com @MaElenaMorera