Cancún.- A pesar de haber obtenido de la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la autorización en materia de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la construcción del WalMart Súper Center La Cruz, en Playa del Carmen, el permiso carecería de validez legal porque los datos están incorrectos.
La razón es simple. De acuerdo con el resolutivo 04/SGA/1166/10, emitido por la delegación de la dependencia en Quintana Roo, el 27 de agosto de 2010, la empresa solicitó la autorización para el desarrollo de dicho proyecto, con ubicación en el Lote 6 de la Región 28, Supermanzana 58, Manzana 1, en avenida Kantenah del fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, segunda etapa, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.
Sin embargo, de acuerdo con ese mismo documento de 57 páginas en manos del EL UNIVERSAL, lo autorizado se ubicó en una dirección y municipio distinto a lo solicitado y construido. El proyecto se aprobó en la zona federal marítimo-terrestre, colindante al predio Lote 4, Fracción 7, kilómetro 1+870 de la carretera costera norte, en Cozumel.
«Este simple hecho invalida la autorización. No tienen derechos adquiridos, ni validez legal, porque la obra autorizada está en un sitio diferente. Sí es un error, pero un error que jurídicamente invalida la autorización», explicó la coordinadora regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Alejandra Serrano Pavón.
La abogada y activista de esta organización de abogados con especialidad en medio ambiente agregó que además la autorización «está hecha con las patas», porque se señala que se avaló con condiciones, pero sin especificar detalles.
Los promoventes del proyecto Inmobiliaria Carpir S de RL solicitaron autorización para «la remoción de la vegetación y modificación del suelo» del predio de casi 29 mil metros cuadrados para «la construcción de una tienda de autoservicio y estacionamiento», en concordancia con el uso de suelo definido por el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Reserva Poniente.
La autorización condicionada que reciben de la Semarnat es en materia de impacto ambiental y ampara la remoción de vegetación en una superficie de 21 mil 711.165 metros cuadrados, de un terreno con superficie total de 28 mil 948.22.2.
Sin embargo, en ese mismo resolutivo la delegación advierte que lo autorizado «no ampara el cambio de uso del suelo en terrenos forestales» en el sitio. «Esta es otra contradicción», dijo Serrano Pavón.
Admite Sermanat «fuerte error»
La delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Quintana Roo, Gabriela Lima Laurents, reconoció que la autorización fue aprobada por la dependencia en el municipio de Cozumel y no en Solidaridad. «Sí, hay un error fuerte, que no forzosamente implica una nulidad o invalida la autorización. Es una inconsistencia intrascendente que se soluciona con un documento de fe de erratas […] nadie se había dado cuenta.
«Puede decir que cometimos un error grave, quizá hasta rueden cabezas; pero eso no implica que se trate de actos de corrupción», resaltó.
Dijo que se autorizó el desmonte de selva porque el sitio está en una zona urbanizada.
PGR pide cooperación a estados y EU
La Procuraduría General de la República (PGR) formalizó su petición de asistencia jurídica a Estados Unidos para investigar el caso Walmart. Además está requiriendo a las entidades del gobierno federal que tienen o han tenido alguna relación con la empresa toda la información vinculada con permisos, trámites y contratos que hayan realizado de 2005 a la fecha, cuando se presume que comenzó a operar una red de sobornos que facilitó la expansión económica de la compañía en México.
Irving Barrios, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federal, explicó que el área a su cargo comenzó a enviar las peticiones y está girando los oficios a cada dependencia con el requerimiento de toda la información para determinar la licitud de contratos y permisos gestionados, que será analizada por el Ministerio Público de la Federación.
Estas son las primeras diligencias ministeriales que se realizan, a unas horas de que la PGR abrió el jueves pasado un acta circunstanciada para determinar si existe la comisión de un delito por parte de funcionarios que pudieran haber facilitado de forma irregular gestiones, contratos y autorizaciones para que Walmart abriera sucursales.
La investigación se deriva de la publicación del diario estadounidense The New York Times que reveló que Walmart-México pagó 24 millones de dólares a funcionarios para expandir sus tiendas.
Agencia El Universal