• Operación Casablanca, ni quien se acuerde
• Problemas jurisdiccionales complican aplicación de la ley
Desde hace ya más de 15 años, cuando en Estados Unidos se puso al descubierto el caso Casablanca, el primer escándalo de lavado de dinero que involucró a instituciones bancarias de México, la advertencia de que eso seguiría sucediendo estaba ahí, pero de ello ni quien se acuerde. Aunque en el papel hay mucho de avance para prevenir ese ilícito, poco se ha hecho en la práctica. Los resultados saltan a la vista con el caso HSBC.
Y es que, como bien apuntar algunos estudios de la materia, como el jurista Jorge Manrique, son los huecos en las leyes los que favorecen el lavado de dinero en México.
Manrique, rector del Colegio Jurista, detalla que el “blanqueo” de dinero es un delito muy complejo, difícil de acreditar y en ocasiones entre las autoridades hay problemas jurisdiccionales y existen complicaciones en la normatividad.
“Las averiguaciones previas son muy complejas y requieren de peritos contables para emitir sus dictámenes. Para proceder penalmente contra recursos de procedencia ilícita se tiene que contar con una denuncia de la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, existen procesos de lavado de dinero que no tocan al sistema financiero”, refiere.
El delito incorporado en 1996 al código penal en el artículo 400 bis que autofinancia actividades delictivas del crimen organizado, genera inestabilidad económica por la movilización de grandes capitales, propicia desconfianza de la inversión internacional hacia nuestro país y consecuentemente afecta la seguridad laboral “jurídicamente está cojo”. Por Ello, aunque en algunos casos se sabe que se opera con recursos que provienen de una actividad ilícita no se puede hacer la detención.
Las inconsistencias legales contra el lavado de dinero son muchas y detalla algunas de ellas. Se propone que sean los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros, los que denuncien a las autoridades ministeriales las transacciones que pudieran provenir del lavado de dinero, pero se exime a las instancias bancarias de informar sobre millonarios movimientos financieros.
“El pretexto es que los centros financieros ya son regulados e investigados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero en la política bancaria se premia con comisiones y ascensos la apertura de cuentas pero no el control de las mismas, como ocurrió en HSBC”, comenta Manrique.
Uno de los mayores problemas entre las diferentes autoridades es el que se deriva de los conflictos para establecer a que instancia le corresponde actuar, lo que se traduce en una dilación en la procuración de justicia y aumento de la impunidad.
“Simplemente, aún no tenemos claros los principales sistemas de lavado de dinero. Se abren cuentas a diestra y siniestra en paraísos fiscales y sólo nos contentamos en presumir que la PGR contará con la Unidad de Análisis Financiero, encargada de investigar las operaciones financieras que presuntamente se hagan con dinero ilícito”, concluye Manrique.
Y mientras en la Unión Americana el lavado de dinero es un delito que se persigue hasta las últimas consecuencias, aquí apenas, si acaso, se castigará a las instituciones involucradas con sanciones administrativas, tal como lo dejó entrever en algún momento el propio presidente de la CNBV, Guillermo Babatz Torres.
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*Periodista, Licenciado en Ciencias y de la Comunicación y Derecho