En su implacable campaña de represión contra los Hermanos Musulmanes y sus simpatizantes, las autoridades egipcias dispensaron el miércoles uno de sus castigos más severos -según nota de El PAÍS-.
Un tribunal condenó a 11 años de cárcel a un grupo de 14 chicas, la mitad de ellas menores de edad, por haberse manifestado ilegalmente el pasado 31 de octubre en la ciudad de Alejandría. La sentencia se produce tres días después de la aprobación de una ley que restringe notablemente el derecho a manifestarse, y que ha suscitado un aluvión de críticas.
Aunque las 14 jóvenes se limitaron a cortar el tráfico y soltar globos en el transcurso de una manifestación solicitando el retorno del ex presidente Morsi, depuesto en un golpe de Estado el pasado 3 de julio, fueron condenadas por pertenecer a una organización «terrorista», según fuentes judiciales citadas por la agencia France Presse. Por otro lado, seis hombres, todos ellos considerados dirigentes de los Hermanos Musulmanes, han sido condenados a 15 años de prisión por haber incitado a las chicas a rebelarse.
«Egipto ha dejado de ser un Estado de Derecho. Esta es una sentencia plenamente política. El poder ejecutivo ha acabado con la independencia del poder judicial», declaró Ahmad Hamrawy, máximo responsable del equipo de abogados que defiende a las chicas, a la televisión Al Yazira poco después de emitirse el fallo. «Esto es algo nunca visto en la historia del país. No hay que olvidar que varias de ellas son menores, tienen 15 y 16 años», dijo visiblemente alterado.
Los Hermanos Musulmanes son una organización ilegal y todas sus actividades están prohibidas desde el pasado 24 de septiembre, cuando un tribunal ordenó su disolución. Sin embargo, la cofradía no está considerada oficialmente como un grupo terrorista, pues Egipto no dispone de una lista de organizaciones terroristas.
Ahora bien, tanto responsables políticos como numerosos medios de televisión han acusado reiteradamente a la Hermandad de haber cometido acciones terroristas. El propio ministro del Interior aseguró el domingo que la Hermandad financia grupos vinculados a Al Qaeda.
La dura condena a las adolescentes islamistas coincide con una nueva jornada de protestas contra la ley de manifestaciones aprobada el domingo por el presidente interino, Adly Mansur. La legislación introduce estrictas limitaciones al derecho de manifestación, y establece graves penas para todos aquellos que la violen. Con la finalidad de desafiar la ley y denunciar los juicios militares contra civiles, el martes tuvieron lugar dos manifestaciones en el centro de El Cairo que fueron dispersadas de forma contundente.
Una cincuentena de personas fueron arrestadas, entre ellas la conocida activista Mona Seif. La acción tuvo lugar frente a la sede del Senado, donde tienen lugar las últimas sesiones de la Asamblea Constituyente. Once de sus miembros abandonaron las discusiones en protesta por los arrestos. Varios de los detenidos fueron liberados horas después, pero otros han pasado a disposición judicial. Además, la fiscalía ha ordenado la detención de otros dos conocidos activistas, Alá Abdelfattáh y Ahmed Maher, co-fundador del Movimiento 6 de Abril, a quienes acusa de haber convocado la manifestación ilegal.
La polémica ha provocado grietas en la coalición de partidos y movimientos que apoyó el golpe de Estado. Tres partidos laicos que respaldan al gobierno emitieron ayer un comunicado en el que censuran la nueva ley. «Aprobar la ley en este momento y de esta forma es un intento por parte de algunas corrientes en el gobierno de volver a medidas de seguridad represivas», reza el texto. Ante el aluvión de críticas, el primer ministro, Hazem Beblawi, anunció el martes la formación de un comité para estudiar las provisiones de la ley más controvertidas.
Actualmente, Egipto cuenta con un gobierno civil formado por una mezcla de personajes afiliados a la era Mubarak y de tecnócratas de pefil liberal. Sin embargo, es el general Abdelfattá al-Sissi, el ejecutor del golpe, quien está considerado el verdadero hombre fuerte del nuevo tiempo político. En el seno del gabinete, existen dos posturas sobre qué estrategia adoptar para poner fin a la crisis: las «palomas» apuestan por el diálogo, mientras que los «halcones», liderados por el ministro del Interior, abogan por un incrementar la represión.