El acto público protagonizado por los expresos de ETA en el Kafe Antzokia de Durango ha finalizado tras la lectura de un manifiesto en el que los exreclusos se han solidarizado «totalmente» con el comunicado emitido el pasado 28 de diciembre por el autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en sus siglas en euskera). En este comunicado los reclusos de la banda terrorista rechazaban la violencia, aceptaban la legalidad penitenciaria española y reconocían el “daño multilateral” de sus acciones -según nota de El PAÍS-.
Los antiguos presos presentes hoy en el antiguo matadero de la localidad vizcaína han respaldado «plenamente» el comunicado del último sábado de 2013. En un manifiesto leído en castellano por José Antonio López Ruiz, Kubati -asesino entre otros de su excompañera Dolores González Katarain, Yoyes- los exreclusos muestran su «total conformidad con las decisiones adoptadas» por el EPPK y han afirmado que su «compromiso es total con el nuevo escenario político abierto tras la iniciativa de la Izquierda Abertzale», es decir con el rechazo a la violencia y el uso único de vías políticas. Y añaden: «aceptamos toda nuestra responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto».
Los exreclusos no han ido ni un milímetro más allá del comunicado del 28 de diciembre: ni piden el desarme ni la disolución de ETA. Tampoco usan la palabra «perdón» pero han empezado su discurso con una frase que intenta minimizar el efecto que ha tenido su comparecencia en los colectivos de víctimas: “Somos conscientes de que nuestras palabras pueden generar sentimientos contrapuestos que a mas de uno le generará inquietud. Es por ello que actuaremos con responsabilidad, con voluntad y visión positiva y constructiva”.
El resto de la alocución ha seguido la retórica habitual de los comunicados de la banda. Insisten en que la «solución final al conflicto (…) se debería concretar en el derecho a decidir que tiene el pueblo vasco”. “La normalización política, democrática exige poder llevar a cabo este derecho elemental”, insisten. También han reclamado a los ciudadanos vascos y a los agentes políticos e institucionales un «esfuerzo para mover a los gobiernos español y francés a romper el bloqueo».
Los exreclusos, sin pedir en ningún momento la entrega de las armas, creen «finalizado el ciclo armado del conflicto» y por ello piden «deregar toda medida de excepción». En concreto, reclaman un «cambio de política penitenciaria» y «terminar con la dispersión» de los reclusos en cárceles alejadas de Euskadi. «Tenemos que repatriarlos y liberar hasta el último de ellos», urgen.
El acto se ha desarrollado en un ambiente de contención y con una puesta en escena muy sobria. En la mesa de los oradores simplemente había un cartel en el que se reclamaba el regreso al País Vasco de los presos y huídos de ETA. Detrás de los cuatro oradores, en un estrado se situaban unos 80 exreclusos de la banda, entre ellos DomingoTroitiño, autor de la matanza de Hipercor en 1987 o Jesús María Zabarte Arregui, carnicero de Mondragón. El único incidente lo ha protagonizado un periodista de Intereconomía, que ha recordado que los presentes tenían a sus espaldas «309 asesinatos» y les ha preguntado si iban a pedir perdón. Esta persona ha sido invitada a abandonar el recinto.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió esta mañana no prohíbir el acto convocado por los mediadores EPPK en el que se prevé la participación de un centenar de expresos de ETA, entre ellos los excarcelados recientemente tras la derogación de la llamada doctrina Parot. El acto, que ha sido calificado de “aquelarre repugnante” por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pretende dar un espaldarazo al comunicado del pasado 28 de diciembre
El juez Pedraz debía pronunciarse sobre la petición de prohibición del acto formulada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia. Después de solicitar informes a la Ertzaintza, a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, la fiscalía de la Audiencia Nacional no vio indicios de enaltecimiento del terrorismo en la convocatoria, a la que calificó de “penalmente neutra”. El magistrado ordena a la Ertzaintza y a la Delegación del Gobierno en el País Vasco que «adopten las medidas que se consideren necesarias para evitar la comisión de los hechos que pudieran ser considerados como delictivos», esto es el enaltecimiento del terrorismo. Esto debe hacerse «en el ámbito del principio de proporcionalidad y con absoluto respeto al derecho de reunión y manifestación».
Segun el juez, si el fiscal entiende que no se acredita la comision de delito «por obvia aplicacion del principio acusatorio no procede otra cosa que el archivo de las actuaciones». Pedraz señala que «es obvio por tanto que no cabe prohibir en modo alguno el acto ni aun por razon de quiénes van a asistir el acto». En su auto, el magistrado recuerda que está prohibido el llamado «derecho penal de autor, que implica una distinta vara de medir al justiciable, atentando claramente al derecho de igualdad».
Por ultimo, el juez subraya, para evitar confusiones, que cuando el juez no prohibe el acto no significa que «consienta», «autorice» o «permita», ya que la Constitucion establece que el derecho de reunion y manifestacion no requiere autorizacion previa. Eso, según Pedraz, «solo acontece en regímenes dictatoriales». Y añade el juez: «Y, además, llanamente, el Poder Judicial no está para eso, sino para lo que establece la Constitución (Título VI, artículos 117 y siguientes)».
Al encuentro no han acudido representantes de Sortu, aunque según los convocantes, el acto supondrá además, según las mismas fuentes, “un espaldarazo” a la estrategia del partido de la izquierda abertzale a favor de las vías “exclusivamente políticas y democráticas”. Los expresos también se reafirmarán en la apuesta por “el proceso” abierto tras el cese de la actividad armada por parte de ETA el 20 de octubre de 2011.