El pasado seis de Enero, se dio a conocer la creación de la Oficina de la Comisionada para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, como una acción mas de lo que llaman la reforma del estado democrático. Se nombro como comisionada a la maestra Eréndira Cruzvillegas Fuente, recomendada desde el gobierno ebradista de la ciudad de México y avalada por su compañero del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) Emilio Álvarez Icaza quien presidió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 2001 a 2009.
La recién nombrada Comisionada es formada bajo en los principios ideológicos y pragmáticos del CENCO; por lo que es importante conocer la derivación política y ascendiente social de esta organización que nace en los años sesentas y desde sus orígenes se difundió principalmente la información hacia la comunidad de iglesias desde un punto de vista en el que aportaba a la ardua discusión de la iglesia como parte del cambio social. Su estrategia fue utilizar los medios de comunicación de manera eficiente para la formación de valores cristianos y para dirigir, orientar y recopilar los trabajos, experiencias y el desempeño del apostolado.
Es entonces comprensible que Cruzvillegas Fuente alcance tan digno cargo en un gobierno declarado de facto como de derecha, con el beneplácito de las organizaciones pro derechos humanos dirigidas por los cotos eclesiásticos en Oaxaca. Sin embargo, habemos quienes pensamos en activistas que se han comprometido desde su quehacer jurídico, político y social en Oaxaca, desde antes del aciago 2006, tan valiosas como la hoy comisionada; es el caso de Angélica Ayala, Margarita Dalton, Yesica Sánchez Maya, María Eugenia Mata, Gloria Zafra, Concepción Núñez y seguramente algunas mas.
Por otra parte y aún mas importante y cuestionable, resulta, el proceso fuera de la ley, de la creación de esta nueva instancia del ejecutivo y el propio nombramiento sin referencia normativa que lo permita; el nuevo gobierno democrático pasa por alto el principio de derecho ineludible referente al deber que implica la función pública de no hacer nada que no permita la ley expresamente.
En boletín de prensa que circuló hace poco mas de una semana el jefe de la oficina de la gubernatura, informó que por iniciativa del gobernador se había entregado en la cámara de diputados un paquete de reformas legales, para consolidar la transición democrática en el que se incluía la creación de la oficina de la Comisionada de Derechos Humanos.
Es decir, de la loable sensibilidad del gobernador Gabino Cué para transitar hacia un régimen democrático, dice su comunicado, se han impulsado diversas acciones encaminadas a estructurar el andamiaje institucional que coadyuve a darle un nuevo rostro a la entidad, con la participación decidida de la ciudadanía.
Error tras error, el gobierno del Estado que encabeza Gabino Cue Monteagudo, viola el orden jurídico con argumentos que parecieran populistas y distan flagrantemente de los procesos legislativos que dan origen legal a cualquier acción de gobierno aun mas de aquellos que pretenden enarbolar la democracia, sin constreñirse a la estructura legal que debe regir sus actos en la función pública.
La democracia no puede estar por encima del derecho y la legalidad; la democracia hará exigible la consulta al pueblo (ciudadanía) que permita el proceso legislativo con el objetivo de crear las normas jurídicas necesarias que autoricen cualquier acción o decisión de los gobernantes, así y solo así las acciones del gobierno democrático serán legales y legitimas. Si no es así, entonces solo son actos de voluntad de una persona que abusa y excede los límites de sus funciones en un aparente ejercicio democrático que resulta antidemocrático y por supuesto a modo de lo que el considera lo mejor, atribuyendo esta conducta ilegal a la voluntad ciudadana.
Este proceso tiene una sola dirección no podrá invertirse si se pretende ser congruente con el orden jurídico y sus principios republicanos.
Esta oficina de la Comisionada de los derechos humanos y su titular, por falta de lineamientos legales que determinen sus funciones expresamente, podría parecer una función paralela a los de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión creada en cumplimiento de una norma constitucional, con un procedimiento cierto y funciones implícitas en la ley reglamentaria.
Por otra parte, aunado a lo anterior, si la comisionada ya se encuentra en funciones, es seguro que le fue asignado presupuesto lo que podría constituir un delito imputable a ella, al responsable de Finanzas y por supuesto a la oficina de la gubernatura si es que depende de esta de facto.
Por último y aludiendo a las repetidas citas de Benito Juárez García en foros, discursos y presentaciones, que el propio Gobernador hace desde su campaña y toma de protesta, y repetidas incesantemente por sus colaboradores y contradecida en los hechos por simulación e ignorancia:
«No temáis, pues, que el inmenso poder que hoy se deposita en mis manos, se convierta en un instrumento que os oprima, ni que sirva para favorecer a una familia, a una clase o a un partido. No oaxaqueños. El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley: la felicidad común debe de ser su norte, e iguales los hombres ante su presencia, como lo son ante la ley». Benito Juárez, al rendir protesta como gobernador de Oaxaca.
¿Estará cumpliendo con la consigna juarista? Parece que no.