El fiscal Gerardo Pollicita, que tiene a su cargo la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y otros funcionarios, pidió al juzgado de Daniel Rafecas que impute a los sospechosos por el delito de encubrimiento.
El pedido, si es aceptado por el magistrado, significará que la mandataria, el canciller Héctor Timerman y las otras personas denunciadas por Nisman podrán ser investigadas.
De prosperar la denuncia, esta buscaría demostrar si hay alguna responsabilidad penal por parte de la presidenta y los funcionarios señalados en una supuesta obstrucción de la investigación del atentado contra el edificio de la Asociación Mutual Israelo-Argentina en Buenos Aires, AMIA, que en 1994 dejó 85 muertos.
Cinco días antes de ser hallado muerto, Nisman había acusado a los funcionarios de encubrir la participación de funcionarios iraníes en el atentado contra el centro judío AMIA, que dejó 85 muertos en 1994.
«Intereses oscuros»
En su pedido, Pollicita no solicitó la indagatoria de la presidenta y de los otros imputados, como sí se había planteado Nisman, quien sin embargo, no llegó a hacer la solicitud formal.
El jefe de gabinete de la presidenta Fernández, Jorge Capitanich, aseguró que se está tratando de ejecutar un «golpe judicial».
«La lucha en este mundo es entre democracia y oscuros grupos vinculados a poderosos intereses económicos», dijo Capitanich.
El gobierno argentino rechazó este viernes la versión original de Nisman, y retomada ahora por Pollicita, diciendo que «no se tomó ninguna acción de parte del gobierno para des-incriminar a ciudadanos iraníes».