El gobierno de México expresó su profunda decepción por el informe que presentó el Relator Especial sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Juan Méndez, porque carece de fundamento y no contribuye a generar las condiciones propicias para fomentar la cooperación internacional para la protección de los derechos humanos.
En un carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), Joachim Rücker, el representante Permanente de México ante Organismos Internacionales, Jorge Lomónaco, resaltó que el país valora positivamente la visita, así como las recomendaciones que contiene el informe, “convencido de que un diálogo constructivo con el Relator no puede sino contribuir al fortalecimiento del marco jurídico e institucional de México”.
Sin embargo, dijo, el gobierno de México desea expresar su decepción, inconformidad y total desacuerdo con la aseveración contenida en el informe, según la cual la “tortura y los malos tratos son generalizados en México”.
Afirmar que la tortura en México es generalizada carece de fundamento, pues supondría alcanzar un umbral numérico, algo que en este caso no ha sido debidamente documentado, toda vez que únicamente se ha proporcionado información específica sobre 14 casos, anotó.
Lomónaco resaltó la preocupación de México por el hecho de que esta afirmación se aparta de una más profunda y constructiva discusión relacionada con las mejoras que pueden lograrse a partir de las acciones que el Gobierno ya ha puesto en marcha para combatir esta práctica.
Ello, específicamente, tomando en consideración que el Relator ha reconocido ante el Consejo que la metodología utilizada es “rudimentaria e insatisfactoria en varios niveles”, señaló.
El representante de México aseveró que estas afirmaciones contravienen, sin duda alguna, el espíritu del papel que desempeñan los procedimientos especiales, tal y como se desprende del Código de Conducta para los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Ello, toda vez que cualquier declaración sobre la situación de los derechos humanos en el país “puedan promover un diálogo constructivo entre los interesados, así como la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos”.
Además de que, “al expresar sus opiniones ponderadas, particularmente en sus declaraciones públicas sobre denuncias de violaciones de derechos humanos, indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate”.
En ese sentido, consideró que el Relator Especial contraviene esta obligación al haber realizado múltiples declaraciones públicas, muchas de las cuales se hicieron a los medios de comunicación, tratando de justificar la terminología utilizada en el informe.
“Al haber hecho esto, él omitió mencionar la postura que el Gobierno de México, de manera repetida y directa, ha expresado al respecto”, enfatizó en su carta.
Lomónaco dejó en claro que ocos países como México han demostrado el compromiso y apertura a la cooperación con el sistema universal y regional de protección de los derechos humanos.
“Lo acreditan los 15 años de construcción de un andamiaje normativo e institucional ampliamente documentado y reconocido, que es evaluado a diario por una sociedad civil crítica y exigente, así como por parte de instituciones públicas de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”, expresó.
Asimismo, el representante permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra reafirmó el pleno compromiso de México de continuar trabajando para la erradicación de la tortura, como parte de una política general de promoción y protección de todos los derechos humanos.
INF./NOTIMEX