El Instituto Nacional Electoral (INE) avanza a los primeros comicios que realizará el próximo 7 de junio con una confianza del 41 por ciento por parte de los electores a un año del inicio de labores y de su nacimiento.
De acuerdo con la más reciente encuesta publicada por el diario Reforma y que reproduce este sábado el portal SinEmbargo, y que fue realizada del 19 al 22 de marzo de 2015, se cuestionó a mil 62 mexicanos adultos con credencial para votar vigente en un muestreo probabilístico en 80 puntos del país y de cara a cara con los ciudadanos reveló también que el 55 por ciento confía poco o nada en dicho organismo.
En los últimos meses, el órgano electoral ha sido blanco de críticas que han puesto a prueba su funcionamiento, pese a tener nuevas reglas en el modelo en fiscalización, regulación de encuestas y otros mecanismos para acrecentar la credibilidad de la institución y fortalecer la democracia.
Tras la sombra de unas elecciones pasadas cuestionadas por la falta de transparencia, la Reforma Política de 2014 permitió la transformación de un órgano electoral desgastado, como lo fue el Instituto Federal Electoral (IFE), en un nuevo instituto con mayores atribuciones capaz de responder a las necesidades democráticas de la sociedad.
Sin embargo, con un pie en la elección los consejeros aún no gozan de la confianza suficiente que garantice unas elecciones limpias.
En ese contexto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, ha sido acusado de carecer de liderazgo y visión para guiar a la institución encargada de velar por la democracia en el país.
Así lo denunciaron representantes de siete partidos políticos el pasado 18 de febrero, cuando disgustados porque se aplazó la discusión del uso de recursos públicos y los programas sociales en el proceso electoral abandonaron la sesión del Consejo que se llevaba a cabo.
Los representantes de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Humanista manifestaron la falta de parcialidad de los consejeros y argumentaron que un grupo de ellos liderado por Marco Antonio Baños se encargaba de responder a las necesidades del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados, entre ellos el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que se ha convertido en la piedra en el zapato del órgano electoral al ser omiso ante la serie de violaciones a la legislación que ha realizado desde que comenzó el proceso electoral el pasado 7 de de octubre.
En su momento, el analista político y ex Consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Eduardo Huchim May, afirmó: “Un órgano electoral que no tiene la confianza y el respeto de los partidos está perdido”.
PRESUPUESTO Y GASTOS INNECESARIOS
El INE solicitó 18 mil 572 millones de pesos para el ejercicio fiscal de este año, pero del cual sólo 4 mil 196 millones 776 pesos serán destinados al proceso electoral, mientras el gasto de operación es de 13 mil 217 millones de pesos, de los cuales 7 mil 888 millones son de base; 5 mil 328 millones para proyectos y 719 millones para infraestructura inmobiliaria; además de 5 mil 355 millones de financiamiento público para partidos políticos.
Las cifras representan una medida contradictoria frente al recorte al gasto público que anunció el gobierno federal en enero pasado, sin embargo el incremento para el árbitro electoral se ha justificado por las nuevas atribuciones que tendrá el Instituto con la Reforma.
Otro de los gastos que llama la atención es el correspondiente al proyecto de infraestructura inmobiliaria, el presupuesto destinado a la construcción de cinco juntas locales ejecutivas en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Quintana Roo, Nuevo León y Querétaro con valor de 75 millones cada una. Además la ampliación del 1 piso en el Edificio A de la sede del INE, con valor de 125 millones y el inicio de estacionamiento automatizado en Viaducto de 219 millones.
Por su parte, el Presupuesto de Egresos 2015 estableció sueldos para los consejeros que van desde los 150 mil pesos mensuales a los 180 mil pesos, siendo el Consejero presidente, cargo que ocupa desde abril del año pasado Lorenzo Córdova Vianello, el más alto con un máximo de 179 mil 938 pesos de sueldo base más 68 mil 387 pesos de prestaciones en efectivo y especie.
Así, el Consejero Córdova, como los otros consejeros Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña, Ciro Murayama Rendón, Marco Antonio Baños Martínez, Enrique Andrade González, Alejandra San Martín Ríos y Valles, Benito Nacif Hernández, Beatriz Galindo Centeno, Javier Santiago Castillo y Arturo Sánchez Gutiérrez son parte de un puñado de mexicanos privilegiados.
EL FRACASO CON SCYTL
El INE informó previamente que tras el incumplimiento en la entrega del módulo de contabilidad, cuya fecha estaba prevista para el 14 de diciembre de 2014, rescidió del contrato INE/SERV/024/2014, firmado el pasado 30 de septiembre de 2014 y que tuvo un costo de 61 millones 34 mil 402 pesos.
La entrega de dicho sistema estaba prevista para el 3 de marzo del 2015.
De acuerdo con la empresa, el INE no entregó los requerimientos finales del módulo de Contabilidad a Scytl, sino hasta principios de enero de 2015.
“Debido al retraso en la definición de los requerimientos funcionales por parte del INE, fue objetivamente inviable poder hacer una entrega parcial del sistema por parte de Scytl el 14 de diciembre de 2014?, refirió Scytl.
Después de una serie de acusaciones, finalmente el INE desarrolló en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el módulo de fiscalización para auditar las campañas electorales de partidos y candidatos.
Así, el pasado 6 de marzo con motivo del inicio de campañas en los estados de Campeche, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora la aplicación informática mediante la cual partidos y candidatos podrán registrar en línea sus ingresos y gastos de campaña comenzó sin contratiempos, desfases ni incumplimiento de metas, sostuvo el Consejero presidente del INE.
Lorenzo Córdova garantizó que el INE construye “paso a paso la fiscalización más robusta en la historia del país”.
Por su parte, el Consejero Benito Nacif Hernández detalló que previo a la liberación de esa herramienta, se capacitó a casi 400 posibles usuarios; además dio a conocer que la segunda fase del sistema iniciará el 26 de marzo y la tercera el 26 de abril, por lo que a partir de esta última fecha se contará con todas las herramientas informáticas necesarias para cumplir con la fiscalización de campañas electorales.
LA VIOLENCIA Y EL BOICOT
El caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, los llamados al boicot en las urnas, enfrentamientos y tomas de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), sumados a la falta de seguridad, el hartazgo social y a la constante presencia del crimen organizado provocan un cisma en el proceso electoral que se verá reflejado en las urnas, afirmaron especialistas a SinEmbargo.
El principal foco rojo para las elecciones intermedias es la inseguridad, afirmó Silvia Gómez Tagle, profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México (Colmex).
La especialista planteó que hay por lo menos tres entidades de la República con condiciones muy dudosas para que se realicen elecciones: Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Sin embargo, sin hacer a un lado el caso de Michoacán y Tamaulipas donde la violencia es uno de los principales problemas, en Guerrero la situación representa un caso especial puesto que en esta identidad la inseguridad y la crisis social hicieron comunión y diversos actores amenazan con boicotear la elección.
Apenas el 26 de marzo, cuando se cumplían seis meses de la desaparición de los normalistas, padres de las víctimas acudieron a las instalaciones del INE para solicitar que se cancelen los comicios en la entidad al asegurar que no hay condiciones para que se realicen.
En un documento que entregaron a algunos consejeros entre ellos Lorenzo Córdova solicitaron, en su carácter de ciudadanos y agraviados, que consideren la evaluación de las elecciones en Guerrero debido a que se realizarán en un escenario de guerra y no en el de una democracia.
Los padres expusieron que debido a la vulneración y violación de los derechos humanos de los ciudadanos, no sólo en Guerrero sino en otros estados como Michoacán y Oaxaca, se pone en tela de juicio el proceso electoral “al grado que en algunas partes de nuestro país sólo se podrá operar dicho proceso en condiciones de guerra con el Ejército y las policías de todo tipo en las calles”, lo que por ende deslegitima por sí solo un proceso fundamentalmente ciudadano.
Respecto al boicot, no sólo los familiares e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) han hecho llamados a anular su voto, el poeta y activista Javier Sicilia Zardain, fundador del Movimiento por la Paz cin Justicia y Dignidad (MPJD) también ha insistido en esta convocatoria ante la crisis de representación de los partidos políticos y el nivel de corrupción de esta clase.
Sin embargo, ante la crisis social y política, el órgano electoral, en voz de sus consejeros, ha insistido en que habrá comicios y el avance es favorable en todos los sentidos.
Ante esta serie de suertes que ha tenido que atravesar el INE, especialistas coinciden que al ser los comicios del 7 junio su primera prueba se le debe dar el beneficio de la duda ya que la evaluación se verá cuando se haya completado el proceso electoral. Sin embargo, ante ese contexto se vislumbra es un escenario de gran abstencionismo y una bajísima legitimidad.
La elección de este año será la más grande en la historia de México en términos numéricos, ya que 82 millones de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, podrán emitir su voto en alrededor de 152 mil 500 casillas distribuidas en todo el país, para elegir a los 500 integrantes de la Cámara de Diputados.
Tan sólo para las elecciones locales en 17 estados del país, más de 48 millones de electores podrán acudir a las 92 mil 42 casillas únicas que se instalarán el día de la jornada electoral, para elegir más de mil 600 cargos de representación popular, que incluyen gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.