El ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, negó de manera tajante cualquier implicación con organizaciones criminales y actos de corrupción, al comparecer hoy en tribunales.
“No pertenezco a esa red criminal denominada ‘La Línea’”, declaró tajante Pérez Molina, un general retirado de 64 años de edad, al iniciar su intervención ante el juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez.
Afirmó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) carecían de sustento y reflejaban una intención perversa de vincularlo a como diera lugar con dicho grupo, dedicado al contrabando y la defraudación tributaria.
En el segundo día de la audiencia de primera declaración, Pérez Molina rechazó la acusación de beneficiarse económicamente de la organización criminal que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Afirmó que no se vendería ni perjudicaría a Guatemala por ningún dinero y citó el ejemplo de cuando dirigió la captura de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera y rechazó un monto millonario en dólares por dejar escapar al entonces narcotraficante más importante del mundo.
A propósito de la acusación del MP de que recibió 800 mil dólares como parte de las ganancias ilícitas de la defraudación en la SAT, indicó que se mostró un papel sin firma y sin ningún valor legal.
A continuación narró el episodio que vivió en la década de los 90 cuando dirigió la operación de inteligencia militar que permitió la captura del “Chapo” Guzmán.
Tras el operativo exitoso de captura en territorio guatemalteco, el narcotraficante y su gente quisieron negociar su libertad y me ofrecieron “10 o 15 veces más” de ese monto señalado por el MP con el que me habría beneficiado (800 mil dólares de la defraudación).
El narcotraficante fue entregado a las autoridades mexicanas, como correspondía, aseveró Pérez Molina, quien enfatizó que rechazó el soborno porque “ningún dinero vale mi prestigio, ni mi honor”.
“Hay muchas cosas más importantes que el dinero en mi vida personal”, dijo el acusado, quien la víspera dejó la Presidencia de la República luego de que el Congreso aceptó por unanimidad su renuncia para someterse a tribunales acusado de corrupción.
Expuso que fue negociador del gobierno y suscribió el acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado interno de 36 años, y participó en el restablecimiento de la democracia luego del autogolpe de Estado del presidente Jorge Serrano Elías (junio de 1993)
Sin embargo, también reconoció el trabajo del MP que logró identificar y desarticular al grupo criminal incrustado en la SAT que, según la investigación, se benefició con 28.5 millones de quetzales (3.6 millones de dólares).
Desmintió la teoría de la Fiscalía de que participaba en la estructura de corrupción de la SAT, con el argumento de que las únicas intervenciones en el tema fueron legales, con el objetivo de mejorar la recaudación, pues no se alcanzaban las metas del país.
Pérez Molina, cuyo mandato de cuatro años finalizaría el próximo 14 de enero, insistió en que los señalamientos de los acusadores, carentes de fundamento, eran “una irresponsabilidad”, con “la mala intención de hacerme daño”.
Dijo que las acusaciones se basaban en deducciones y resaltó el hecho de que “por rumores, que dicen, que cuentan, (…) muchos perdieron la vida en el conflicto armado interno”, tanto en la guerrilla como en el Ejército.
“Hoy tenemos día y medio de estar aquí sentados, y sólo vemos interpretaciones que hace el MP”, nada firme, con sustento, para “quererme vincular, a como de lugar, a una red criminal, yo rechazo eso”, reiteró.
Puntualizó que el colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, dependiente de Naciones Unidas), le pidió sugerencias de los temas a investigar en materia de crimen organizado.
Entonces se habló de investigar en la SAT “y yo no lo negué, pero pude haber dicho que trabajara en otros temas, que eso no era prioritario (…) no lo hice, porque no tenía nada absolutamente que esconder”.
Ratificó que nunca tuvo intención de evadir la justicia o huir del país, pese a que tuvo la oportunidad, y le dijo al juez Galván que si no le hubiera declarado cárcel provisional ayer, “puede tener la certeza de que aquí habría estado a las 07:30 horas como usted lo ordenó”.
Al final de su intervención, Pérez Molina indicó de nueva cuenta que 800 mil dólares “no valen mi dignidad, no vale mi familia. Yo no soy de esa clase de persona. Soy una persona recta, comprometida con Guatemala”, puntualizó.
“No soy perfecto, he cometido errores, pero puede decir que no son de mala fe, no son premeditados, para dejar de servir y menos para robarle dinero a los guatemaltecos, eso no lo voy a hacer”, subrayó.
Manifestó su confianza en que “cada quien haga lo que le corresponde”, que no se dejen llevar “por la presión mediática, por la presión de la gente y de sectores interesados o de un titular de prensa”.
Luego de casi una hora de intervención, tras seguir las escuchas telefónicas autorizadas y conocer documentos presentados por el MP como pruebas en su contra, el expresidente se negó a contestar preguntas, por recomendación de su abogado, lo cual causó molestia entre los fiscales.
La audiencia de este viernes se prolongó por más de tres horas, hasta que el juez Galván declaró un receso de 45 minutos para reanudar la diligencia luego del tiempo de comida.
INF./NOTIMEX