A través del informe sobre los acontecimientos ocurridos el pasado 12 de julio en el kilómetro 93.8 del Paso Express Cuernavaca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) responsabilizó, sin mencionar nombres, al gobierno de Morelos, al Municipio y a las empresas constructoras de los hechos que cobraron la vida de dos personas civiles.
El documento enviado el miércoles 16 de agosto por el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, a legisladores la Tercera Comisión del Senado de la República hace notar que, aunque la dependencia federal asume una responsabilidad global en los hechos, tanto actores públicos como privados con participación han hecho declaraciones y filtraciones sin sustento para evadir culpas.
Según el oficio CNCP/808/2017 enviado por el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil a la instancia estatal deja manifiesto que “le corresponde a la Entidad y al Municipio, la responsabilidad directa e inmediata de ejecutar las medidas de Protección Civil y por ende, las de prevención y las de emergencia, por ser los órganos envestidos de facultades de decisión y ejecución del Sistema Estatal.”
“La responsabilidad directa e inmediata de ejecutar las medidas de prevención y las de emergencia son de la autoridad local y municipal”, asegura el informe de la SCT y se deslinda que la dependencia federal no fue requerida o informada en tiempo y forma respecto a los riesgos a que se encontraba expuesta la población.
Indica que la Dirección General de Protección Civil del Estado de Morelos, ya tenía conocimiento del riesgo inminente que exigía la realización de acciones inmediatas. En consecuencia se debieron haber aplicado algunas de las medidas de seguridad prevista en el Artículo 75 de la Ley General de Protección Civil.
En lo que respecta a la responsabilidad local, señala que existen oficios B00.809.08.1/051 y B00:809/187 de la Conagua, que acreditan que se solicitó al municipio de Cuernavaca la debida atención y limpieza del cauce y no se llevó a cabo.
Dichos oficios con fechas del 14 de abril de 2016 y 9 de marzo de 2017 al texto indican: “era responsabilidad del Municipio realizar la limpieza y desazolve en estructuras (puentes), alcantarillas, vados, eliminando todo obstáculo o escombro que impida el libre escurrimiento de las corrientes dentro de la zona urbana y/o comunidades de la jurisdicción del Municipio”, a los cuales no dieron atención ni respuesta.
En comentario final, el informe de la SCT agrega: “las malas condiciones de las barrancas, cuencas de ríos, la deforestación, el gran crecimiento urbano de algunas ciudades y la invasión de la zona federal de carreteras y autopistas, representa un difícil problema a resolver en algunas entidades del país debido a la basura que se genera y acumula, a las peligrosas descargas irregulares, la invasión de casas en áreas ocupadas por cañadas y cuencas de ríos, lo cual afecta a las carreteras del país.”
En el caso específico de Cuernavaca, resalta que hace años no se han construido nuevas vialidades internas que comuniquen a la ciudad con nuevas zonas urbanas y que la actual autopista además de encontrarse invadida en su derecho de vía en múltiples sitios, es utilizada como la principal avenida de la ciudad, sin estar destinada para ello.
Lo anterior provoca una gran presión social sobre la autopista, la cual se refleja en continuas demandas de obras más vinculadas a áreas urbanas que las correspondientes a una autopista.
El oficio firmado por Ruiz Esparza llama a una legislación más estricta que impida y castigue severamente la falta de atención de esta problemática que ha sido causa de múltiples conflictos.
