El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello promete “una elección impecable” para el primero de julio próximo por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
No le queda otra; o se rompe la frágil paz del país.
Porque es elección madre: Elegiremos Presidente de la República, junto con Senadores y diputados federales. Pero además por primera vez en la historia electoral con elecciones concurrentes en 30 entidades federativas.
De esas 30, nueve llevan comicios para renovar gobierno estatal: Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chipas, Puebla, Morelos, Guanajuato, Jalisco y la Ciudad de México.
Y siendo el INE la autoridad nacional, en éste descansa la responsabilidad de conducir a buen puerto los próximos comicios, sobre todo en las consejeras y los consejeros electorales del Consejo General, que son quienes toman las decisiones, incluso relativas a los Institutos Estatales Electorales (las llamados OPLE).
Claro, los órganos desconcentrados del INE (Juntas y Consejos Locales y Distritales) juegan un papel determinante, porque si bien ejecutan las decisiones de los órganos centrales, a veces traen su propio juego. Y pueden convertirse en el hilo más delgado de la madeja.
Sí, máxime cuando en los distritales descansan las principales tareas para la integración de las Mesas Directivas de Casilla y para los cómputos primarios de las elecciones federales: Presidente, senadores y diputados.
Por cierto, ojalá le resulte al INE el conteo rápido a partir de los cuadernillos de trabajo de las casillas. Caso contrario, de ahí brotará la semilla para la inestabilidad del país. Y ningún mexicano bien nacido desea el caos.
Retomando el tema: Un papel similar juegan los órganos desconcentrados del los OPLE (Consejos Distritales y Municipales). Y también igual riesgo se corre.
Seguramente por eso, en todo ese contexto, a unos días del inicio formal de las campañas electorales, Lorenzo Córdova instó a la estructura electoral institucional a “mantener la guardia en alto y “hacer un trabajo técnico operativo impecable, pues de que el INE haga bien su trabajo, depende la paz pública el 2 de julio”.
Cierto.
Aunque la paz de nuestro país también depende del resto de los actores electorales: Partidos políticos (y sus coaliciones), candidatos y ciudadanos.
Una elección corre menos riesgo de manipulación y de ilegitimidad mientras más voten aquellos ciudadanos con calidad de elector; es decir, quienes tienen credencial para votar y están inscritos en la lista nominal, salvo que cuenten con resolución jurisdiccional a su favor.
Ya difícilmente votan quienes no cumplen tal condición. Quizá se dé en lugares donde los propios partidos políticos provocan la integración de las casillas con electores formados en la fila para votar y que son enviados ex profeso. Para evitarlo, los partidos deben de cubrir el cien por ciento de las casillas con representantes leales y conocedores de la materia electoral.
Así que no se vale decir: “Ganó quien no quería”. Es necesario votar. Cuando el pueblo soberano vota masivamente, no hay mapachería que pueda con ello.
Y tampoco se vale acusar “fraude electoral” cuando partidos y coaliciones descuidaron la estructura electoral, o postularon candidatos proclives a vender la elección por debilidad ideológica o por desmedida ambición.
Los candidatos por su parte tienen parte en hacer prevalecer la paz del país evitando la guerra sucia, convenciendo al electorado con propuestas viables y aceptando los resultados electorales.
La paz, la tranquilidad y la gobernabilidad del país no es sinónimo de triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES); ni del triunfo de José Antonio Meade Kuribreña, abanderado de la coalición “Todos por México”; ni de la victoria de Ricardo Anaya Cortés, de la alianza “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC).
La paz, la tranquilidad y la gobernabilidad del país depende de todos.
Claro, principalmente del árbitro electoral. Y bueno, ya lo prometió Lorenzo Córdova: El INE hará “una elección impecable”.
Además, la elección del 2018 servirá para medir la eficacia de la ley electoral y del modelo de autoridad nacional. Caso contrario, habrá que regresar al IFE.
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