El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez informó que el caso Tlatlaya, fue reabierto por el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, debido a que dterminó que la Procuraduría General de la República, no ejecutó una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva.
Por medio de un comunicado, el organismo detalló que la orden a la dependencia federal para realizar una serie de diligencias que esclarezcan de inmediato los hechos para fincar responsabilidades, es en respuesta a un recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González.
De la misma forma, se detalla que la sentencia fue emitida el 25 de mayo de 2018, y en ella se indica que “las autoridades deben -de manera ininterrumpida y con celeridad- realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal”.
El juez Erik Zabalgiotia Novales, habría reconocido que la investigación de la PGR, violó los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20 apartado B.
El centro de derechos humanos agrega que la indagatoria de la PGR, no ha arrojado hasta el momento ningún resultado, pues no hay nadie rindiendo cuentas ante la justicia “al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables”.
Lo anterior, advierten, “a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente; que no se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena”.