Ciberataques, censura política y control gubernamental son algunas de las diversas y crecientes amenazas a la libertad de internet, de acuerdo con un estudio divulgado por la Freedom House, que señala que en México existe una «libertad parcial» principalmente motivada por los altos costos de este servicio, resultado de una concentración en el sector de telecomunicaciones, y una deficiente infraestructura nacional.
En el estudio «Libertad en la red 2011, una evaluación global en internet y medios digitales», México se encuentra en el noveno sitio, con 32 puntos negativos que lo colocan dentro de los que tienen libertad parcial.
El país que encabeza la lista con libertad total es Estonia, con 10 puntos, seguido de Estados Unidos (13). Brasil está en la octava posición con 29 puntos, pero dentro de los de libre acceso.
Irán ocupa el último lugar en libertad en la red con 89 de 100 puntos negativos. Birmania, Cuba y China le anteceden en el listado.
Entre los puntos negativos de México se encuentra la poca penetración de internet entre la población, el desigual avance tecnológico en el país, altos precios en el servicio, falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones y una falta de independencia del ente regulador, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
A pesar de que señala que las autoridades mexicanas no utilizan métodos técnicos para filtrar o reducir sistemáticamente el acceso a contenidos en línea, además de que en la legislación tampoco se restringe el internet como un medio de comunicación de masas, pone ejemplos de material que se ha retirado a petición de algunos gobiernos.
Por ejemplo, cita el estudio, en marzo de 2010, las autoridades del estado de Jalisco cuestionaron a YouTube por un video producido por una organización civil que criticaba la construcción de una carretera. El material finalmente fue eliminado de la web.
Dentro de las violaciones de los derechos de los usuarios, el estudio menciona las demandas de acoso contra periodistas desde 2009.
«No existe ninguna disposición jurídica que permita el seguimiento de la actividad de Internet, y en línea la vigilancia no es un problema grave en México. Sin embargo, en los últimos años, algunos escándalos han surgido porque autoridades registraron llamadas de teléfonos móviles de políticos o personas».
Además, agrega, una ley aprobada en 2008 ordenó que las compañías de telefonía móvil mantengan un registro de las comunicaciones y mensajes de texto para uso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la extorsión y secuestro», expresa.
Agencia El Universal
