México.- Han pasado más de 10 meses de la expedición de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad y aún no ha sido elaborado un nuevo reglamento ni ha comenzado a operar el instituto que articulará y diseñará las políticas públicas en esta materia.
María Natividad Razo Vázquez, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), asegura que en septiembre próximo, cuando se complete un año de la publicación de la nueva norma, presentará un punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, a cumplir con la ley.
El 10 de septiembre de 2010 fue publicada en la Gaceta Oficial del gobierno capitalino la ley que delega en el mandatario local la responsabilidad de nombrar al director general del Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, lo cual se cumplió el primero de julio, cuando Armando Ruiz Hernández fue designado al cargo.
Ruiz es responsable de coordinar la mesa de Legislación y Derechos Humanos del Consejo Promotor para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y militante del Partido Convergencia.
Confía Fleischmann en que se eche a andar la legislación
Para Federico Fleischmann, coordinador de la mesa de Accesibilidad y Transporte del Consejo Promotor, pasó mucho tiempo de la publicación de la ley a la designación de Ruiz Hernández, pero reconoce que “peor hubiera sido que no hubiera pasado nunca”.
Y confía en que a partir de este hecho se preste mayor atención, que el director general del instituto pueda aplicar la norma vigente y echar a andar todas las acciones previstas: “Ya nos tardamos, pero es un avance el nombramiento y es una buena elección porque él trabajó sobre la ley y la revisó y es una persona con discapacidad”.
Martí Batres Guadarrama, secretario de Desarrollo Social capitalino, afirma que en unos días será instalado el instituto, que actualmente se encuentra en proceso de organización.
El funcionario, quien por ley es el presidente de la Junta de Gobierno del instituto, asegura que este nuevo órgano no será de asistencia sino de promoción del ejercicio de derechos y concentrará las funciones que por ahora se encuentran dispersas.
Para lo que resta de este año las tareas que emprenderá este órgano estarán basadas en la reorientación de programas que tienen distintas dependencias de gobierno, a fin de que sean más efectivos, y en incidir en el presupuesto del próximo año.
A decir del propio Armando Ruiz, los 23 millones de pesos que se aprobaron para que comenzara a operar el instituto serán reorientados a la compra de vehículos, equipo de oficina y la adecuación de las instalaciones donde rentarán.
Operará en septiembre
Con siete meses de retraso se iniciará la aplicación del presupuesto para este organismo, que prevé contar con una estructura de 20 personas, cumpla con las funciones a que está obligado, entre ellas la de elaborar el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y articular y diseñar políticas públicas en esta materia.
Se estima que el proceso de estructuración del instituto durará hasta los primeros días de septiembre, fecha en que podría iniciar funciones, es decir, a punto de cumplir un año de la expedición de la norma que le da vida.
Sobre el reglamento de la ley, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, asegura que corresponde a Batres su elaboración, pero dado que el tema de discapacidad es transversal, existen otras normas, como la Ley de Fomento a la Cultura y el Reglamento de Transporte del DF, que ya se refieren a él.
Que no exista reglamento específico sobre la ley publicada el 10 de septiembre de 2010 no quiere decir, según la dependencia, que haya un vacío porque la disposición anterior sigue vigente hasta que no sea derogada y existen normas complementarias al tema.
Agencia El Universal