Los abogados del Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y Educación (Maldef) alistan ya los argumentos jurídicos con los que buscarán bloquear las nuevas iniciativas antimigrantes en Arizona, ya que la adopción de estas normas implicaría una serie de violaciones graves a los derechos de esta comunidad, además de que su contenido también estaría en contra de algunos preceptos de la Constitución de Estados Unidos.
Nina Perales, directora del área de litigios de esta organización que es una de las más influyentes en Estados Unidos en la defensa de los derechos de los migrantes, en entrevista vía telefónica con EL UNIVERSAL indicó que “estamos frente a unas propuestas peores a la ley SB1070”, por lo que se emprenderán las acciones legales necesarias para que no pasen.
Esta mujer encabeza el equipo de abogados que en 2010 presentó la mayoría de las demandas contra la SB1070 —de las siete que llegaron a tribunales estadounidenses—, argumentando el corte racial de ley, así como las violaciones a las garantías de los inmigrantes indocumentados, representando en estos litigios incluso a policías que se negaron a acatar una norma que violaba la Constitución de Estados Unidos.
Perales, quien sigue a cargo del juicio que se dirime en una corte federal sobre la aplicación o no de la también llamada Ley Arizona, indicó que en esta ocasión también “vamos a dar la batalla”, pues las iniciativas republicanas impulsadas en cuestión de horas en el Congreso de esa entidad, “siguen siendo altamente discriminatorias, son ridículas, pues incluso pretenden que ese gobierno local decida sobre temas como la ciudadanía”, que son de competencia federal.
Niegan todos los derechos
El Senado de Arizona aprobó el miércoles pasado al menos cinco iniciativas antimigrantes presentadas por republicanos, que eliminarían todo derecho a que los indocumentados tuvieran acceso a servicios públicos básicos. Se trata de la SB1611, que exigiría demostrar la estancia legal en Arizona para realizar cualquier trámite público, y condiciona la admisión a las escuelas a hijos de padres con residencia legal o incluso tener un vehículo, o rentar una vivienda, e incluso castigar a los policías que se nieguen a aplicar las nuevas medidas.
También están la SB1309 y la SB1308 que establecen definir una “ciudadanía de Arizona”; la SB1405 que obligaría a todo el personal de hospitales públicos a denunciar a los indocumentados que soliciten el servicio, mientras que la SB1407 exigiría al Departamento de Educación de Arizona reportar anualmente el costo de educar a ilegales.
Nina Perales indicó que “esperamos que estas propuestas no sean aprobadas, todavía no son ley, así que trabajaremos con diversas organizaciones sociales para bloquearlas, pues son muy malas, altamente violatorias de derechos humanos”.
Detalló que Maldef “alista una serie de documentos y análisis jurídicos que presentará en los próximos días ante el Congreso de Arizona, para que sean estudiados por los legisladores que deben tomar la decisión”, ya que ante la inviabilidad legal de muchas de estas propuestas, por ser incluso contrarias a la Constitución o leyes federales, podrían ver que aún aprobándolas al final serían llevadas ante tribunales, con serios costos para el estado.
Agencia El Universal