La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) dio a conocer que tienen el registro de 152 casos de personas que fueron presuntamente privadas de su libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos en los últimos seis años y cuyo paradero todavía se desconoce.
Al presentar su informe especial sobre desapariciones forzadas en México, la organización detalló que en por lo menos 85 de esos casos hay indicios concluyentes de la participación directa o indirecta de funcionarios públicos.
El informe denominado «Enfrentarse a una Pesadilla: La desaparición de personas en México», presentado hoy, se precisa que las autoridades se involucran o participan en las desapariciones debido a que policías y fuerzas de seguridad están infiltradas por bandas criminales.
Señala que de 2006 a 2012 sólo ha habido dos sentencias condenatorias por desaparición forzada a nivel federal, pero no estatal, y en este sentido, recordó que el delito de desaparición forzada existe en el Código Penal Federal y en 13 jurisdicciones estatales, mientras que en 19 entidades no ha sido tipificado como delito.
Amnistía Internacional destaca que además de estar involucradas en la mayoría de los casos investigados, las autoridades han fracasado de manera sistemática en investigar y aclarar la mayoría de las desapariciones forzadas.
Señaló que con frecuencia se culpa a las bandas delictivas de las desapariciones, pero dicha presunción casi nunca se basa en una investigación exhaustiva. «De hecho, la policía y las fuerzas de seguridad están infiltradas por bandas criminales y en consecuencia, muchos funcionarios públicos han colaborado en las desapariciones perpetradas por estás bandas».
Incluso aseguró que familiares de víctimas han tenido que denunciar las desapariciones precisamente ante las personas de quienes sospechan que están implicados en la desaparición.
Denunció que en México las desapariciones se han convertido en un fenómeno común porque las autoridades federales y estatales las han tolerado, y se han negado a erradicarlas.
Los recientes compromisos suscritos por altos cargos gubernamentales para poner fin a las desapariciones y localizar a las víctimas son importantes, pero no tendrán significado alguno para los familiares si no producen resultados tangibles, a saber, acabar con la impunidad y descubrir el paradero de las víctimas.
Dijo que la constante de desapariciones que impera en el país en medio de los esfuerzos del gobierno de poner freno a las bandas de delincuencia organizada, se materializan a menudo en desapariciones forzadas, es decir, desapariciones perpetradas por funcionarios públicos.
Recordó que el Gobierno Federal ha reconocido que hay al menos 26 mil personas registradas como desaparecidas o no localizadas en los seis últimos años. La semana pasada, el Secretario de Gobernación sugirió que la cifra era mucho menor, pese a la falta de investigaciones exhaustivas.
«Incluso aunque se emprendan investigaciones exhaustivas que concluyan que no todas las denuncias de desapariciones tienen que ver con secuestros cometidos por delincuentes y funcionarios públicos, no se puede seguir haciendo caso omiso de esta terrible realidad», afirmó Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México.
«Estas cifras ponen de manifiesto uno de los principales desafíos de derechos humanos a los que se enfrenta el gobierno de Enrique Peña Nieto: poner fin a la crisis de las desapariciones, localizar a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables, con independencia de que sean delincuentes o funcionarios públicos», señaló.
El documento también da cuenta de la lucha de los familiares para obtener verdad, justicia y reparaciones ante la pasividad del Estado, que ha permitido que prospere un clima de impunidad y sigue exponiendo a las personas a que sean víctimas de desaparición.
Gracias a esta impunidad, se ha amenazado, estigmatizado y maltratado a familiares desesperados por encontrar a sus seres queridos. Ante la connivencia o la inercia oficial, los familiares han tenido que llevar a cabo sus propias investigaciones, a menudo corriendo un gran riesgo personal.
Su lucha queda reflejada en historias como la de la madre de Israel Arenas Durán. Israel desapareció a manos de la policía de tránsito en el estado de Nuevo León, norte del país, el 17 de junio de 2011. Cuando su madre acudió a la oficina del investigador que se ocupaba del caso para preguntar por el paradero de su hijo, el funcionario ordenó un vehículo policial para que la desalojasen de la oficina «porque no quería que solicitásemos una investigación».
Aunque el gobierno mexicano ha reconocido en parte la magnitud de las desapariciones que tienen lugar en el país, todavía no ha admitido la implicación de agentes federales, estatales y municipales en muchos de los casos. La participación de agentes del Estado en tales casos convierte las desapariciones en desapariciones forzadas, que son una violación del derecho internacional.
El hecho de que por norma no se investiguen de forma efectiva las denuncias de desapariciones también contraviene el derecho internacional y frustra las oportunidades de localizar a las personas desaparecidas. Además, la negligencia de las autoridades ha disfrazado convenientemente el verdadero número de casos, incluidos los casos en que hay autoridades implicadas.
«Los pasos que ha dado hasta ahora el gobierno –como publicar datos sobre desapariciones, reunirse con algunos familiares y prometer la creación de una unidad especial destinada a buscar a los desaparecidos– son bienvenidas pero insuficientes», declaró Rupert Knox.
«Las acciones aisladas prometidas por el gobierno federal no tienen el suficiente alcance para abordar la inacción sistemática de las autoridades federales y estatales y la implicación directa o indirecta de funcionarios públicos en desapariciones forzadas. El nombramiento de 12 investigadores para la nueva unidad especial de búsquedas, que se encargará de miles de casos, no es una señal convincente del elevado grado de compromiso, recursos y voluntad política necesarios para abordar esta crisis nacional.
«Es crucial que el gobierno se enfrente a esta pesadilla contando con la participación de víctimas y grupos de derechos humanos en la elaboración y aplicación de políticas públicas, que las autoridades federales y estatales deben hacer cumplir para garantizar una respuesta efectiva a esta crisis.»
Representantes de Amnistía Internacional participarán en un foro organizado por familiares de personas desaparecidas que tendrá lugar del 5 al 7 de junio en la ciudad de Saltillo, norte del país, para encontrar y promover medidas dirigidas a combatir las desapariciones.
INF./GRUPO FÓRMULA