La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) exigió a las autoridades correspondientes una investigación seria y objetiva para dar con los responsables de los presuntos actos de espionaje cometidos en contra de comunicadores, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, miembros de la sociedad civil organizada y personajes de la vida pública, y frente a las desafortunadas declaraciones sobre este tema, del presidente Enrique Pena Nieto.
A través de un pronunciamiento, la Asociación recordó que el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la libertad de manifestación de las ideas, la cual no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa salvo que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.
Asimismo, indicó que el artículo décimo sexto de la propia Ley Fundamental, en su parte conducente, establece categóricamente que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
Señala que diversos comunicadores, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos, miembros de la sociedad civil organizada y personajes de la vida pública presuntamente fueron objeto de intervención indebida de sus teléfonos por parte de órganos del poder público mexicano, en un práctica que considera, repudiable y constitutiva de delitos, porque no habría orden judicial que justificara dicha intervención.
Ante estos actos de gravedad, la Amedi comentó que el presidente Enrique Peña Nieto envió un mensaje que se consideró amenazante para quienes fueron víctimas del espionaje y luego se retractó, circunstancia que ha generado un ambiente de incredulidad en torno de la investigación por espionaje a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).
Por esta situación, la Amedi enfatizó que rechaza firmemente cualquier tipo de espionaje, aún más si proviene contra quienes legítimamente ejercen su libertad de expresión. Subrayó que en una democracia resultan inadmisibles tales prácticas, las cuales sin orden judicial son ilegales y propias de regímenes autoritarios. Actos de tal naturaleza que afirmó minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y socavan la credibilidad de los gobernantes.
La Amedi lamentó las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto y apuntó que no es aceptable que frente a presuntos actos de espionaje, el titular del Ejecutivo Federal actúe con irresponsabilidad.
De esta forma, hizo un llamado para que el Congreso de la Unión defina reglas claras sobre el uso específico de sistemas informáticos de vigilancia para que los órganos del poder público no cometan abusos y no espíen a quienes libremente ejercen su derecho a la información y libertad de expresión, como presuntamente ocurrió, o cualquier otra persona que no se encuentre bajo una investigación judicial claramente definida por las leyes, y cuyos delitos requieran la utilización de un software de vigilancia.
De igual forma, se sumó a lo solicitado por otras organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de que dicha indagatoria sea acompañada por un panel independiente de expertos que en todo momento hagan escrutinio de la acción o inacción de la PGR, pues consideró que autoridad no puede ser juez y parte en una investigación que podría involucrarla en la comisión de hechos ilícitos. La Amedi, además, sugiere que a este grupo de expertos se sume la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que formule la recomendación correspondiente.