Ciudad de México.- Los presidentes del Comité de Administración de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) y del Comité de Módulos de Atención y Quejas Ciudadanas, Víctor Hugo Romo y Claudia Elena Águila, respectivamente, aseguraron que está en estudio la manera en que sus homólogos rindan cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Especialmente, dijeron, en el tema de los Módulos de Atención Ciudadana, ya que los legisladores reciben 44 mil pesos mensuales para sus gastos, incluyendo 15 mil 150 pesos que son destinados para la renta de dichos inmuebles, a pesar de que la mitad de los asambleístas locales los consiguieron en calidad de préstamo.
En la edición del lunes pasado, EL UNIVERSAL reveló que la Asamblea Legislativa del DF reparte entre sus diputados diversas prerrogativas sin que exista un reglamento que los obligue a justificar gastos.
Al respecto, Claudia Elena Águila Torres dijo que la propuesta regulatoria será abordada en los próximos meses, pues desde abril de 2011 se encuentra detenida en la Comisión de Normatividad y Prácticas Legislativas.
La diputada local afirmó que las labores que tiene a cargo su grupo de trabajo consisten en garantizar el trabajo legislativo vinculado con la ciudadanía, motivo por el cual existen los Módulos de Atención Ciudadana.
“Nosotros orientamos al responsable del inmueble de cada diputado capitalino para entregar cuentas y canalizar la gestión social a las 16 delegaciones políticas o al gobierno central”.
Insistió en que el comité que preside no maneja los recursos públicos, por lo que su tarea consiste en regular el trabajo que ahí se hace, pero de una manera en que los colonos reciban una solución.
De acuerdo con la reglamentación interna de la Asamblea Legislativa del DF, la propuesta de la perredista fue ingresada por la Comisión de Gobierno y de ahí turnada a comisiones para su discusión y análisis.
Mientras que el diputado Víctor Hugo Romo Guerra detalló que en comparación con la legislatura anterior, el Comité de Administración tiene un control del gasto de módulos.
Reconoció que el único rubro que ahí se comprueba es el de servicios, que justifica siete mil pesos en pagos del suministro de agua, predial, energía eléctrica, gas, telefonía fija e internet.
Aunque reconoció que todavía hay deficiencias en la rendición de cuentas, sostuvo que los asambleístas ocupan los recursos públicos para el trabajo territorial de sus respectivos distritos.
“(Es) difícil que alguien se quede con el dinero de las prerrogativas, pues hay muchas gestiones que atender, el problema es que a la ciudadanía no le podemos pedir factura para los apoyos que les damos”, concluyó.
Agencia El Universal