* La violencia ha permeado a todos los sectores sociales y se ha hecho extensiva hacia periodistas, directivos y trabajadores de los medios de comunicación. Nadie está exento de ser agredido o asesinado.
* La Fiscalía General del Estado atiende seis casos de probables delitos contra periodistas en la Costa, a través de la Unidad Especializada, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto.
Hasta ahora poco se ha observado que, a partir de la estúpida guerra contra el narcotráfico, decretada por el segundo presidente panista, Felipe Calderón, la brutal violencia ha sido aceptada como algo “normal”.
Al paso de 12 largos años, a primera vista resulta por demás increíble que la creciente espiral de violencia, desatada por la delincuencia organizada, poco a poco, es considerada “normal” dentro de lo anormal.
Es un mecanismo de autodefensa o de supervivencia, como la ironía en el sarcasmo de los chistes y albures, que permite reírnos de nuestras desgracias, incluyendo la muerte, y mentar madres a nuestros verdugos.
Este fenómeno psicosocial que inicialmente afectó a los mexicanos de otras ciudades en otros estados hermanos, ha empezado a vivirse en Oaxaca al parejo del incremento en el número de casos de violencia.
De ser realidad esta última posibilidad, irremediablemente nos condenaría al más rotundo fracaso ante cualquier esfuerzo institucional, social o comunitario, que se emprenda para enfrentar la brutal violencia.
Al margen de la “limpia” entre cárteles por la presumible venta de la plaza a uno nuevo, diferente de los que operaban durante los sexenios pasados, las ejecuciones en la capital afectan al sector del transporte.
Las mafias familiares, verdaderas “famiglias” mafiosas, nacieron y crecieron en el transporte con apoyo gubernamental. Aurora López Acevedo, ex Secretaria de Transporte (SETRAN), apoyó a Juan Luis Martínez.
No hay que olvidar que la hoy diputada local plurinominal por el Partido Verde daba trato de “hijo” a Juan Luis en ese entonces afiliado a las filas de la CROC y luego de la Confederación Nacional de la Productividad (CNP).
La corrupción en el otorgamiento de concesiones sentó carta de naturalización en el gobierno de Ulises Ruiz, pero Gabino Cué, a través de Benjamín Robles y Jorge Enrique Castillo, pudrieron totalmente el sector.
La buena fe o ingenuidad del perredista mixteco Pedro Silva Salazar al frente de la Coordinación del Transporte permitió que su segunda de abordo, Fátima Mondragón, entregara miles de concesiones a Benjamín Robles.
Erick, Juan Yahvé e Iván Luis Villaseca, hijos de Juan Luis Martínez, presuntamente muerto por una sobredosis de cocaína, son hoy los violentos dirigentes del Sindicato “Libertad”, uno de los cárteles del transporte.
En su columna, Raúl Nathán, dice que “la lucha entre la familia no ha tenido precedente. Han muerto tres hermanos: Armando, a) El Tasajo; Gilberto, a) El Plátano y Mayra Luis Martínez, además de hijos y parentela”. “Sólo sobrevive Guadalupe, a) El Viejo. Antes, cada quien había hecho su particular coto de poder en la CNP, el Frente Estatal de Sindicatos de Oaxaca (FESO) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)”.
Precisa que “en la casa de enfrente, los hermanos Marco Antonio y Wilfrido Sánchez Cruz –el primero bajo proceso en penal federal y el segundo asesinado- fortalecían sus respectivos cotos de poder al interior de la CTM, incluso a espaldas de Álvaro Reyes, dirigente formal de la Sección del transporte de dicha central y del mismo líder estatal, Carlos Mejía”.
La brutal violencia entre los transportistas del Sindicato Libertad y la CTM por el control de la distribución de las rutas del narcomenudeo es tan insoportable que se empieza hablar de la desaparición de la Federación Oaxaca y la incorporación de sus afiliados al Sindicato Libertad. ¡imagínese!
Lamentable y dolorosamente la violencia ha permeado a todos los sectores sociales y se ha hecho extensiva hacia periodistas, directivos y trabajadores de los medios de comunicación. Nadie está exento de ser agredido o asesinado.
Al término del Foro Regional de la Costa para la creación de la Ley de Protección a los Periodistas de Oaxaca, el Frente Estatal demandó a la Fiscalía General del Estado, no permitir que los delitos contra los periodistas queden impunes.
Por tal motivo, resulta positivo y alentador que el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, exija resultados a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
Y, a pesar de omisiones, negligencia y hasta algunas irregularidades, la UEADLE hace su mejor esfuerzo en medio de las serias limitaciones que enfrenta en materia de recursos financieros, humanos y materiales.
Jorge Alberto Flores Sánchez, titular de la UEADLE, adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, atiende seis casos con la colaboración del Vicefiscal Regional de la Costa, Alejandro Peña Díaz.
Un primer caso, es el Legajo de Investigación 49/FIDTS/2013 o 837/FEDAI/2017 por el probable delito de amenazas y demás que resulten contra Archivaldo Rodríguez García y el inculpado Gerardo Bohórquez Luján y Q.Q.R.R. Se resolvió con una abstención de fecha 13/09/2017.
En cambio, continúa en trámite el triplicado de Averiguación Previa 22/FEADLE/2013 o 804/FEDAI/2017 y 11/FEIDTS(DCLE)2016 y/o 746/FEDAI/2017 acumuladas por el probable delito de lesiones y los que resulten contra Ismael Gerardo Sánchez Zamora resultando imputado Juan Manuel Lavariega Hernández, alias “El Diablo”.
Por el probable delito de amenazas o el que se configure contra Quien o Quienes Resulten Responsables (Q.Q.R.R.) contra el periodista Rufino Alejandro Feria Bautista, se inició la Averiguación Previa 06/FIDTS (DCLE) 2014 o 22/FIDTS/2013 Y/O 771/FEDAI/2017 y con fecha 19/10/2017, se decretó el no ejercicio de la acción penal.
Asimismo, con fecha 12 de febrero 2014, se consignó el triplicado de la Averiguación Previa 10/FIDTS(DCLE)/2014 o 28/FIDTS/2013 y /O 840/FEDAI/2017al Juzgado Primero Mixto de Puerto Escondido contra Alejandro Armengol Ruiz y Obdulia Martínez Baños, por el probable delito de despojo agravado contra Genaro Aragón Reyes en el Expediente Penal 03/2014.
Así también, se encuentra en trámite el Legajo de Investigación 35/FIDTS/2015 y/o 829/FEDAI/2017 abierto por José Antonio Amezcua Zavaleta y Daniel Santiago Pérez contra Quien o Quienes Resulten Responsables (Q.Q.R.R.), por el probable delito de amenazas y/o el que se configure.
La Carpeta de Investigación 19/FIDTS (DCLE)/2017 y/o 733/FEDAI/2017 iniciada por el probable delito de abuso de autoridad y amenazas contra Mauricio Darío Ríos Reynoso, fue judicializada en la Causa 279/2017 y se encuentra en Suspensión Condicional del Proceso a Prueba con fecha 05/MARZO/2018, teniendo como imputados a Margarito Olivera Díaz, Julio César Gallardo Jarquín, Felipe Luna Reyes y Rusbiel Villafaña Reyes.
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