Inicia el nuevo año y es tiempo de que sean las acciones y los hechos concretos que haga o deje de hacer la actual administración los que hablen de la verdadera dimensión de las reformas y cambios que podrán ser implementados en este sexenio; es decir, como reza el viejo adagio: “obras y palabras, lo uno es mucho y lo otro es nada”.
El 2011 apunta a ser el breve momento cuando será posible que las distintas fuerzas políticas que integran el actual gobierno estatal, puedan impulsar una agenda conjunta, marcando así el rumbo de los cambios institucionales posibles.
La proximidad del 2012 y lo que pone en juego, se reflejara en el comportamiento de los distintos partidos que inevitablemente priorizaran las directrices que les indiquen sus comités directivos nacionales.
Por otra parte, la verdad es que la dimensión de los cambios por la vía electoral son acotados, no, no hay posibilidad de asalto al Palacio de Invierno ni de lejos, la verdad es que la democracia representativa como procedimiento para impulsar cambios en el modelo político-económico o simplemente para evaluar la gestión de los gobernantes aun está muy restringido para los ciudadanos quienes acaban validando a una u otra opción partidista pero sin mecanismos efectivos para incidir ni en las políticas públicas que se apliquen, ni para reclamar el cumplimiento de la plataforma de campaña, o restringir el gobierno de los poderes fácticos.
Mucho de razón sigue conteniendo aquella frase que socarronamente repetía el personaje de John Thorne (el intelectual subversivo de la película “Land of the Blind”, Tierra de ciegos): si las elecciones sirvieran para cambiar algo, estarían prohibidas.
Sin embargo, frente a la negociación de cuotas, el otorgamiento de espacios a las organizaciones y grupos aliados y el enredado tejido de intereses que ha significado la conformación del gabinete, frente a estas realidades de la política pragmática y utilitaria están presentes muchas de las demandas expresadas por la sociedad civil y el movimiento popular en el 2006.
Es claro que las agendas de la sociedad civil y de los gobiernos no corren paralelas, por el contrario, la sociedad civil organizada con su exigencia de abrir y conquistar espacios de mayor libertad y vigilancia al poder público rebasa en sus miras y metas la política de conciliación en que se anquilosa el aparato gubernamental.
En este sentido, se vuelve fundamental retomar y exigir poner en la agenda pública temas que representan un cambio cuantificable y democrático en los espacios institucionales, a fin de exigir que en el breve periodo que representará este año del 2011, se instrumenten reformas que marquen de fondo el andamiaje institucional del estado, el margen de tiempo es breve y la cuenta regresiva.
Un tema fundamental es la relación que el gobierno en turno mantiene con la televisión y las frecuencias de radio que aglutina la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).
Desde el 21 de marzo del 89 que se creó el Instituto Oaxaqueño de Radio y Televisión, es que Oaxaca contó con un espectro satelital para transmitir en radio con onda 680 en Amplitud Modulada y por Televisión a través del Canal 9, en 1994, el IORTV cambió al constituirse como la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión consolidándose a través de las frecuencias 96.9 FM, 680 AM y Canal 9 como una sola entidad.
La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios tal como señala su Decreto de creación. Es en los ordenamientos referentes a la organización de la CORTV donde está explícita su dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, particularmente en los artículos 5 y 6 que señalan que la administración de la CORTV, estará a cargo de Primero: la Junta Directiva, y Segundo: el Director General, y que a su vez La Junta Directiva estará integrada por un Presidente que será el Titular del Ejecutivo, un Secretario Técnico que será el Director General de la CORTV, considerando que el Director General será designado por el Titular del Ejecutivo.
A lo largo de sus años la CORTV ha sido el canal del gobierno en turno, situación que llego a su límite en el 2006, cuando ante el desfase grotesco entre lo que se trasmitía y lo que estaba pasando en las calles de la ciudad, fueron tomadas sus instalaciones por el movimiento popular como un símbolo de evidente rechazo y distanciamiento con un medio que se miraba servil y ajeno.
Con la llegada del nuevo gobierno, nada ha cambiado de fondo, sólo de forma, nuevos colores, nuevas caras, pero no más; sabedores de su importancia, nuevamente la presente administración ha decidido utilizar para su causa este medio fundamental en el estado.
Pero no, esto no es lo que espera la sociedad de un gobierno que llega con un consenso democrático, que desde su creación ningún gobierno haya resistido el uso patrimonial de la CORTV no es ni acicate ni justificación para la perpetuación de este estado de cosas, por el contrario, este es el momento para revertir esta situación consiguiendo que la sociedad civil conquiste este espacio, reclamándolo como un territorio de mayor independencia y pluralidad.
Nuevamente queda claro que los espacios democráticos no son graciosa concesión de ningún gobierno, son conquistas de la sociedad organizada, en este sentido es fundamental impulsar como sociedad una profunda transformación en el carácter de la CORTV a fin de otorgarle la credibilidad y el valor social que ha ido perdiendo frente a los oaxaqueños.
Dichos cambios pasan por dos ejes fundamentales:
I. Su situación jurídica; y II. La inclusión de figuras de autorregulación.
Una modificación radical de la definición jurídica de la CORTV, iría en el sentido de transformar su estatus de Organismo Descentralizado a Organismo Público Autónomo.
En los últimos años en México, dada la reivindicación activa de la sociedad por exigir la consolidación de mayor legalidad y un marco de instituciones imparciales, se ha pugnado por ampliar y fortalecer los espacios de control democrático del aparato público.
En este sentido se han abierto espacios a la innovación institucional, por ello es que se inserta la creación de diversos organismos públicos dotados de grados variables de autonomía y con ciertas facultades de vigilancia y control, cuya finalidad, tanto a escala federal como local, es la de fortalecer la rendición de cuentas y el control del gobierno.
Los Organismos Públicos Autónomos (OPA) son instituciones que tienen como propósito fortalecer la rendición democrática de cuentas, pero por otra parte los OPA abren espacios de conducción de la política pública que quedan relativamente protegidos de la “politización” que las contiendas electorales imprimen a los temas de interés público.
De esta forma contribuyen a que ciertas políticas sean transparentes, eficaces y, digamos, “despolitizadas”. Esta es una labor que, para el caso mexicano, desempeñarían, por ejemplo, el Banco de México o el Instituto Federal Electoral.
Por otra parte, los OPA también pueden fungir como agentes de control y supervisión en distintas áreas y niveles de la política pública, como se esperaría que fuera el caso de la Auditoria Superior de la Federación o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; desde luego, un mismo OPA puede cumplir con ambas funciones.
Para muchos, el carácter autónomo de los OPA’s es la característica que les permite desempeñarse como contrapesos efectivos en el ejercicio de la función pública.
El rol que deben cumplir es el de generar dinámicas que incidan en el fortalecimiento del Estado de derecho. Si funcionan como contrapesos efectivos, los OPA’s pueden inducir el cambio institucional en ámbitos distintos al suyo propio.
Conjuntamente, pueden constituirse como espacios públicos formales que generen aprendizajes democráticos y que difundan una cultura pública distinta a la del autoritarismo y la discrecionalidad política.
En lo referente al estado de Oaxaca, el ejemplo más cercano lo tenemos en el caso de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, organismo que dada la urgencia que presentaba de contar con certeza y credibilidad en lo referente al tema de la defensa de los derechos humanos, fue reformado en su estatus jurídico para constituirlo como “organismo público autónomo, no jurisdiccional, de protección y defensa de los derechos humanos” mediante la “Ley de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca”, según la ley aprobada por la Sexagésima Legislatura y publicada en el Periódico Oficial el día 21 de diciembre de 2007.
En lo referente al II eje de “mecanismo de autorregulación”, es importante considerar que al día de hoy, es el Canal 11 quien se ha consolidado como el canal público de mayor importancia en México, llevando la delantera en la presentación de contenidos educativos y culturales en formatos novedosos que buscan conciliar la calidad y el entretenimiento.
Así mismo, el canal 11 también lleva la vanguardia en lo que a implementación de mecanismos de autorregulación se refiere, mismos que ha instrumentado al considerar que es “posible adquirir y mantener públicamente el compromiso de atenerse a ciertos mecanismos y documentos que sirvan como garantes internos de sus valores, principios y esquemas de acción”.
En este sentido y dentro del marco de reforma de la CORTV, su implementación tendría el objetivo de consolidar un diálogo plural y participativo entre la sociedad y un medio de comunicación que hoy más que nunca debe reivindicar su carácter público y democrático.
Canal 11 ha implementado la figura del Defensor de la Audiencia, que como indica su estatuto, está enfocado a atender las quejas de los televidentes que planteen errores graves y cuestiones polémicas sobre el tratamiento de las informaciones y otros contenidos del medio, y las de quienes se vean afectados por una noticia y consideren vulnerados sus derechos, a su vez se les suman un marco normativo que incluye un
Estatuto del Defensor de la Audiencia, Código de Autorregulación para producción, Código de Autorregulación periodístico, Código de Autorregulación de Internet, Estatuto de Noticias y un Código de ética de transmisión de patrocinios.
Contar con mecanismos de autorregulación permiten a la sociedad opinar y participar sobre las decisiones, los contenidos y la manera como se abordan, exigir que la pluralidad política (no sólo la de los partidos, sino también la de la sociedad civil y de los demás actores sociales) pero también cultural, étnica y social se reflejen en un canal que es hecho con recurso públicos.
Hoy mas allá de una muy desafortunada decisión de incluir la música más sosa y comercial en las frecuencias radiales de la CORTV -que si en algo tenía puntos altos era en la calidad del material musical que transmitían al aire- y de la presentación de noveles conductores y una imagen institucional acorde a los colores de los partidos que integran el gobierno, nada deja ver que se pretenda emprender una puesta al día de la CORTV, cambios en las instituciones son cambios reales, los otros, los gestos, las formas, son accesorios, mas palabras que obras.