Con la captura de un comando que habría planeado asesinar a dos legisladores federales, el senador David Monreal y el diputado Ricardo Monreal, el actual gobierno federal ha mostrado ya una cara radicalmente diferente a la de su antecesor, tanto en forma como en fondo.
En lo que es la forma, estamos ante un equipo que no ha buscado sacar tajadas políticas al logro de detener una maquinación de tan alto riesgo, evidentemente para los hermanos Monreal, pero también para el país y hasta para la estabilidad del Estado mexicano.
Al caso se dio un tratamiento legal y no político. Si bien el anuncio fue dado en una rueda de prensa, el tratamiento sobrio de la información contrastó con los despliegues propagandísticos y escenográficos a los que nos tenía acostumbrados el anterior gobierno.
En cuanto al fondo, tenemos que a escasos meses del relevo sexenal están ya afianzadas las riendas del aparato de seguridad. Se trata de una estocada al crimen organizado, que lanza el mensaje de que hay una autoridad efectiva y contundente.
Durante el calderonato, se privilegió de tal manera la fuerza bruta sobre las labores de inteligencia que el CISEN fue desatendido al grado de que se puso en riesgo la integridad física de sus agentes y empleados.
Tan solo por poner uno de varios ejemplos, recordemos que el descuido hacia esa área llegó al criminal extremo de filtrar en internet y publicar en el Diario Oficial de la Federación información sobre el domicilio exacto de más de 100 instalaciones de dicha dependencia, que deberían haber sido —evidentemente— secretas, además se hicieron públicas “las placas, marcas y hasta modelos de todos los vehículos del CISEN… desde la camioneta blindada de su titular, Guillermo Valdés Castellanos, hasta las motocicletas, autos y armas semiautomáticas empleadas por los agentes, analistas y demás personal”, según se publicó en medios nacionales.
En esa sola acción vemos evidenciado el abismo que hay entre la manera de operar del gobierno de Calderón y el actual. Pasamos de un aparato de seguridad que publicaba las placas y modelos de los vehículos de sus agentes, a uno capaz de asestar un golpe como el que recién impidió un ataque contra dos legisladores federales. Hasta un férreo crítico como Ricardo Monreal —durante diversos periodos brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador— ha hecho una declaración de reconocimiento y gratitud.
Esperemos que este comportamiento estrictamente profesional sea una constante que ayude a resolver la inseguridad prevaleciente y a recuperar la credibilidad en el aparato de seguridad del gobierno federal.
Como ciudadanos tampoco debemos engañamos: hay que tener muy presente que los niveles de violencia que heredó el anterior gobierno hacen humanamente imposible ver resultados en el corto plazo. La criminalidad fue desatada y seguramente seguirá enlutando a nuestro país antes de que se logren corregir totalmente los yerros que impiden una operación policial eficaz.
Sin embargo, estamos ante una señal de esperanza: hay profesionalismo y hay subordinación de lo jurídico a lo político. Se trata de una excelente base para regresar a México esa paz por la que nuestra sociedad ha clamado durante años.
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